La dignidad del cargo: el poder también exige ejemplaridad
Hay responsabilidades que trascienden a las personas que las ejercen. La Presidencia de la República es una de ellas.
Quien llega a ocupar ese lugar no solamente recibe la facultad de gobernar, tomar decisiones y representar a millones de ciudadanos; también asume el compromiso de honrar una institución que está por encima de sus intereses, sus preferencias y sus circunstancias personales.
Por eso, la dignidad del cargo no puede medirse exclusivamente por los resultados de un gobierno, ni por la cantidad de reformas aprobadas o los discursos pronunciados.
También se mide por la conducta de quien lo representa, por la prudencia de sus palabras, la responsabilidad de sus actuaciones y la coherencia entre los principios que proclama y los comportamientos que demuestra.
En Colombia hemos asistido a una sucesión de controversias que han puesto bajo cuestionamiento la imagen de quien recientemente ejerció la Presidencia de la República.
Las noticias alrededor de las denominadas «mariposas amarillas», los señalamientos sobre presuntos beneficios contractuales relacionados con vínculos personales y otras controversias que hoy son materia de investigación han ocupado buena parte de la conversación pública.
No corresponde anticipar conclusiones ni convertir las denuncias en sentencias. Corresponde a las autoridades establecer la verdad y determinar si hubo responsabilidades.
Sin embargo, sería equivocado pensar que estas situaciones no merecen una reflexión sobre la responsabilidad ética que acompaña el ejercicio del poder.
Y es precisamente ahí donde debemos detenernos. Porque una cosa es la vida privada de una persona y otra, muy distinta, es el comportamiento de quien tiene bajo su responsabilidad la dirección del Estado.
La intimidad merece respeto, pero el uso de los recursos públicos, las relaciones de poder y las decisiones que comprometen el patrimonio de los colombianos son asuntos de interés colectivo.
Ningún cargo público puede convertirse en un espacio de privilegios personales ni estar al servicio de intereses particulares.
El poder también exige ejemplaridad. No porque quienes gobiernan deban ser personas perfectas o estén exentos de equivocarse, sino porque su posición les impone un estándar mayor de responsabilidad.
Sus palabras tienen consecuencias, sus decisiones afectan vidas y sus comportamientos envían mensajes a toda la sociedad.
Cuando quien ocupa la más alta dignidad del Estado olvida esa dimensión, no solamente compromete su imagen personal: también puede debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Esta reflexión no tiene color político. No depende de si quien gobierna se identifica con la izquierda, la derecha o el centro.
La exigencia debe ser exactamente la misma para todos. Resulta contradictorio reclamar transparencia a los adversarios y justificar las actuaciones propias cuando estas generan cuestionamientos.
Los principios no pueden ser selectivos, ni la indignación puede depender de quién protagoniza una controversia.
La ética pública pierde su sentido cuando se convierte en una herramienta para juzgar al contrario y no en una obligación que comienza por casa.
También debemos recuperar el valor de las buenas maneras en el ejercicio de la política.
La firmeza no necesita arrogancia; la autoridad no requiere descalificación y las diferencias no justifican el irrespeto.
Un gobernante puede defender sus ideas con convicción, controvertir a sus opositores y tomar decisiones difíciles sin abandonar la mesura, el respeto y la responsabilidad que demanda su investidura. Gobernar no es imponer la personalidad propia sobre los demás, sino comprender que se representa a una nación diversa, incluso a quienes no votaron por quien ocupa el poder.
La ejemplaridad tampoco se limita a evitar conductas ilegales.
Implica actuar con transparencia, cuidar los recursos públicos, respetar a los ciudadanos, rodearse de personas idóneas y entender que cada decisión debe responder al interés general.
La legalidad establece un mínimo que todos debemos cumplir; la ética exige comprender que el servicio público demanda algo más: integridad, prudencia y compromiso con el bien común.
Colombia necesita recuperar la confianza en sus instituciones.
Y esa confianza no se reconstruye únicamente con reformas, promesas o discursos sobre el cambio.
Se construye con comportamientos consistentes, con servidores públicos que entiendan que los cargos no son patrimonio personal, que los recursos del Estado no son propios y que la cercanía al poder no puede convertirse en una puerta para obtener beneficios particulares.
Quien llega a la Presidencia debe comprender que recibe una responsabilidad histórica, no un privilegio personal.
Y quien deja ese cargo también debe entender que su paso por la institución será recordado no solamente por lo que prometió, sino por la manera en que ejerció el poder.
Los presidentes pasan, los gobiernos terminan y las diferencias políticas cambian con el tiempo.
Pero las instituciones permanecen. Por eso, la dignidad de un cargo no debería depender de quién lo ocupa ni de la ideología que representa, sino de los principios que está dispuesto a defender y de la conducta con la que honra esa responsabilidad.
Porque el poder puede otorgar autoridad, pero solamente la integridad, el respeto y la ejemplaridad pueden otorgarle verdadera dignidad.