La economía también es víctima del crimen
Durante años en Colombia hemos cometido un error de enfoque, hemos entendido la seguridad como un asunto exclusivo de policías, soldados y jueces.
Sin embargo, un reciente informe de Fedesarrollo, plantea una realidad que debería transformar la manera como concebimos las políticas públicas, el crimen organizado no solo afecta personas, también destruye economías, frena la inversión, limita el empleo y deteriora la competitividad de las regiones.
La tesis es contundente. Allí donde las organizaciones criminales ejercen control territorial, las decisiones económicas dejan de responder a las instituciones legítimas y pasan a estar condicionadas por estructuras ilegales.
En otras palabras, el crimen no solo disputa el monopolio de la fuerza al Estado, también compite por el control de la economía.
Esta reflexión resulta particularmente pertinente para el Valle del Cauca.
Nuestro departamento reúne una ubicación geográfica privilegiada, un puerto sobre el Pacífico, uno de los corredores logísticos más importantes del país, un sector agroindustrial competitivo y un tejido empresarial que ha demostrado resiliencia incluso en momentos de crisis.
No obstante, ese enorme potencial convive con amenazas persistentes derivadas del narcotráfico, la extorsión, el control de corredores estratégicos y otras economías ilícitas que afectan la confianza para invertir y desarrollar nuevos proyectos.
El impacto trasciende las cifras de criminalidad. Cada comerciante que paga una extorsión, cada empresario que decide no ampliar su planta de producción por razones de seguridad, cada agricultor que encuentra obstáculos para comercializar sus productos o cada turista que modifica su destino por percepción de riesgo representan oportunidades perdidas para el desarrollo regional.
Por ello, el verdadero indicador del éxito de una política de seguridad no puede reducirse al número de capturas, incautaciones o neutralizaciones. Esas acciones son necesarias, pero insuficientes.
El objetivo debe ser mucho más ambicioso, recuperar la gobernabilidad del territorio, fortalecer la confianza institucional y generar las condiciones para que la inversión privada, el emprendimiento y el empleo florezcan donde antes predominaban las economías ilegales.
El informe de Fedesarrollo introduce un concepto especialmente relevante, la “gobernanza criminal”.
Se refiere a aquellos escenarios en los que organizaciones ilegales terminan regulando actividades económicas, resolviendo conflictos e imponiendo reglas de convivencia en ausencia o debilidad del Estado.
Combatir esa realidad exige mucho más que operativos policiales, demanda instituciones fuertes, justicia eficaz, infraestructura, oportunidades sociales y una presencia estatal permanente.
Para el Valle del Cauca, esta visión representa una oportunidad. La seguridad debe convertirse en un eje transversal del desarrollo departamental, articulando los esfuerzos de los sectores productivos, las autoridades territoriales, la Fuerza Pública, la academia y la ciudadanía.
Recuperar un territorio no significa únicamente reducir los delitos, significa devolverle la capacidad de atraer empresas, generar empleo formal, impulsar el turismo y consolidar confianza en las instituciones.
Las regiones que logren comprender esta nueva relación entre seguridad y desarrollo estarán mejor preparadas para competir en un entorno cada vez más exigente.
El desafío no consiste únicamente en contener el crimen, sino en impedir que las economías ilegales definan el futuro de nuestros territorios.
En el fondo, la discusión ya no es solamente sobre seguridad. Es sobre desarrollo, gobernabilidad y prosperidad.
Porque donde el Estado recupera el territorio, también recupera la confianza.
Y donde regresa la confianza, llegan la inversión, el empleo y las oportunidades que hacen posible un futuro sostenible para todos.
En ese contexto, las expectativas que genera la llegada del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, estarán inevitablemente ligadas a su capacidad para devolver la seguridad al centro de la agenda nacional.
Si el país logra recuperar el control efectivo del territorio, fortalecer la autoridad legítima del Estado y desarticular las economías criminales, no solo mejorarán los indicadores de orden público, también se abrirá un nuevo ciclo de crecimiento, inversión y generación de empleo.
La verdadera medida del éxito del próximo gobierno no será únicamente cuántas estructuras afecte o desarticule, sino cuánto logre reducir el costo económico del crimen y cuánto contribuya a que Colombia vuelva a ser un país donde la confianza sea el principal motor de desarrollo.