La escaramuza del nuevo Secretario de Seguridad
Mientras la gobernadora Clara Luz Roldán y su equipo de gobierno se han dedicado de manera juiciosa a elaborar una plataforma de salvamento para el Valle y a cumplir con su compromiso de desbloquear las vías del departamento, siguiendo las directrices del decreto presidencial 575 de 2021, que en concreto estableció la Asistencia Militar llevando a 1 de junio 34 municipios libres de bloqueo, extrañamente y, por el contrario, el nuevo secretario de Seguridad de Cali, coronel (r) Carlos Javier Soler, en lugar de enviar mensajes de esperanza a los caleños, decidió en un hecho insólito, convertirse en parte, no sé si a su nombre o de la administración que representa, denunciando penalmente a los caleños que viven en Ciudad Jardín y que llevan años, además de estos 37 días de bloqueos, secuestrados por las protestas de las vanguardias de la Universidad del Valle y la Minga indígena.
En lugar de convertirse en denunciante, ha debido informarse primero y dejar, como es apenas obvio, que las autoridades competentes investiguen.
Lo cierto es que el secretario Soler tiene por delante no las tareas rutinarias de la oficina a su cargo, si no un gigantesco desafío de devolverle la seguridad a los caleños y ponerse al frente de una política de seguridad y no de una estrategia coyuntural que nos salve a los caleños de un espiral criminal, como la de la década de los 90, pues ya este mes de mayo cerró con un aumento del 46% de homicidios con relación al mismo mes del año anterior, cuando los criminales estaban en cuarentena.
Lo anterior, debe indicarle al Secretario que no nos puede salir con estrategias faranduleras ni discursos especulativos sobre la seguridad ciudadana y mucho menos convertirse en ventrílocuo de los confusos, profusos y difusos discursos de la administración municipal, sino entender, por el contrario, que la Cali que hoy recibe es una ciudad sitiada por el crimen organizado y que ha inaugurado en los sitios de bloqueo, mal llamados de “resistencia” una plataforma de guerra urbana donde actúan como repúblicas independientes, a la manera de la Guerra de los Balcanes, unos puntos estratégicamente seleccionados, que han sitiado a Cali por 37 días, sometiéndonos a innumerables violaciones de nuestros derechos fundamentales y a una escalada de extorsión, que con rifle en mano, ha logrado por parte de la administración municipal, un extraño reconocimiento, que como “Primera línea somos todos” les concedió el cuestionado decreto 304 de 2021.