La importancia de las áreas metropolitanas en Colombia
Este 24 de noviembre en Cali, Jamundí, Dagua, Candelaria y Palmira, en el Valle del Cauca, y en Villa Rica y Puerto Tejada en el Cauca, se realizarán las votaciones para que la población decida si se conforman como el Área Metropolitana del Suroccidente – AMSO.
Para entender por qué esto es importante y qué implica, quise hacer un contexto imparcial de la importancia de unir esfuerzos entre varios municipios desde el punto de vista económico y en una próxima columna explicaré mis razones por las cuales deberíamos votar sí.
En primer lugar, es común escuchar que Colombia es un país de regiones, dada la gran diversidad geográfica, climática y étnica se ha configurado también una variedad de realidades económicas, culturales y sociales.
Bastaría viajar un poco para confirmar que así es, subsisten un sinnúmero de formas de pensar y de vivir que han determinado identidades diferentes en cada región.
Sin embargo, me atrevo a decir que Colombia ahora es un país de ciudades, del total de los 52.7 millones de habitantes en 2024, cerca del 80% vive en las cabeceras o áreas urbanas de las ciudades y se estima que para el año 2050 el porcentaje de población urbana en Colombia alcance el 86% pero con un atenuante; Colombia no es ajena a las tendencias globales de suburbanización y crecimiento urbano disperso, que han llevado a un ordenamiento territorial caracterizado por baja densidad y segregación espacial en ciudades metropolitanas, una tendencia acelerada tras la pandemia de COVID-19.
Esto genera una dispersión de viviendas, lugares de trabajo, servicios sociales y espacios de ocio.
A pesar de ello, la ciudad sigue consolidándose como el entorno vital de la inmensa mayoría de la población y por tanto el desarrollo urbano se ha convertido en un factor esencial en la calidad de vida de las personas, como lo indica el CONPES 3819 de 2014 sobre Sistema de Ciudades “el futuro del país está indisolublemente ligado al futuro de sus ciudades, tres de cada cuatro colombianos viven en zonas urbanas que generan el 85% del PIB nacional de Colombia” adicionalmente concentran el 80% del empleo, atraen la inversión de mayor calidad, y son indispensables para el correcto funcionamiento de la economía.
No debería ser así, pero la brecha entre lo urbano y lo rural se amplía cada vez más, y esto se explica porque las zonas urbanas al concentrar la mayoría de la población, también concentran la mayor demanda de bienes y servicios tanto públicos como privados, y por lo tanto aglomeran la mayor cantidad de empresas que proveen estas necesidades.
Lo anterior, ha traído consigo que las ciudades concentren también los mayores problemas, por el hecho de que haya proximidad de individuos y empresas se facilitan las interacciones entre ellos y las decisiones de producción o consumo pueden afectar el bienestar de otros y generar externalidades o impactos negativos, tanto de forma directa, a través de los procesos de expansión urbana, o indirectamente a través de las demandas por bienes y servicios, como alimentos, salud, educación, movilidad, entre otros.
Esta generación de externalidades o des- economías de aglomeración como se conocen en el argot económico, además de restringir las condiciones para una asignación eficiente de recursos, afectan también los acuerdos sociales en las ciudades y dificultan la internalización de dichas externalidades por medio de regulaciones directas, incentivos o impuestos, y hace que las jurisdicciones territoriales se queden cortas a la hora de querer solucionar las problemáticas que transcienden sus fronteras.
Por lo tanto, se precisa de una estructura regional fuerte que tenga en cuenta las relaciones funcionales entre municipios conurbados o con fuertes conmutaciones.
Es decir, que considere las interacciones económicas, sociales y ambientales entre sus habitantes, sus organizaciones y sus empresas en un territorio.
Ahí es donde entran a jugar un rol importante, los Esquemas Asociativos Territoriales o EAT, que son instrumentos de gestión para el ordenamiento y desarrollo territorial, que permiten a los gobiernos locales y regionales de manera voluntaria unir esfuerzos para alcanzar objetivos comunes y mejorar la calidad de vida de su población.
No se trata solo de trabajar en proyectos comunes según el interés de los gobernantes de turno, sino de tener unos compromisos de largo plazo y de tener una visión conjunta para aprovechar por medio de sinergias y alianzas competitivas las capacidades de cada municipio y a su vez para asumir soluciones integrales frente a los problemas comunes y sobre todo poder resolver de forma conjunta y articuladas las externalidades negativas que mencioné, que normalmente están relacionadas con la movilidad de personas y la carga, con la seguridad y con los impactos negativos en materia ambiental.
En Colombia, esto no es nuevo, ya hay 66 EAT registrados, algunos más exitosos que otros y algunos intentos fallidos, pero sobresalen las áreas metropolitanas como las de mayor capacidad de articulación, de este esquema solo existen 6: Valle de Aburrá, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Centro Occidente (Pereira) y Valledupar, esto a pesar que existen cerca de 113 municipios según el sistema de ciudades que permiten la consolidación de al menos de 18 áreas metropolitanas.
La experiencia indica que este esquema no afecta la autonomía de los municipios participantes ni sus capacidades presupuestales.
Por el contrario, permite acceder a nuevas fuentes de financiamiento de manera conjunta, multiplicando la capacidad de inversión y promoviendo la descentralización.
Este 24 de noviembre, se decide en las urnas a través de una consulta popular si Cali, junto con Jamundí, Dagua, Candelaria y Palmira, en el Valle del Cauca, y Villa Rica y Puerto Tejada, en el Cauca, se convierten en la séptima área metropolitana del país y la primera que asocia a municipios de dos departamentos.
En mi próxima columna, hablaré específicamente sobre el Área Metropolitana del Suroccidente (AMSO), ya que son enormes y no pocos los retos económicos y sociales que tenemos para los próximos años para lograr mejores niveles de bienestar en la población, y para afrontarlos es clave la suma de esfuerzos, la coordinación y la planificación inteligente de los territorios.