La situación social de Buenaventura no da tregua
Esta semana, Buenaventura volvió a ser noticia nacional. Como ya es costumbre, no fue por sus avances, su potencial o el cumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional con la ciudad. Lo fue por una nueva oleada de violencia en el puerto del Pacífico, evidenciada mediáticamente —como casi siempre— por un hecho atroz: el asesinato de un joven futbolista de 24 años. Sin embargo, la crisis de seguridad ya se había agudizado desde comienzos del año. Solo hasta ahora, el Gobierno le presta atención.
Y digo “nueva oleada” porque esto es cíclico. Buenaventura ha sido históricamente escenario de conflictos armados, violencia urbana y profundas problemáticas sociales. El puerto no aguanta más zozobra ni incertidumbre.
A comienzos de este gobierno, la situación era muy delicada. En 2023 se registraron 137 homicidios. Luego, gracias al pacto de no agresión entre los dos principales grupos criminales —los Shottas y los Espartanos—, en el marco de la mesa socio-jurídica impulsada por el Gobierno, la violencia disminuyó. En 2024 se redujeron los asesinatos en un 44 %, con 76 homicidios. No obstante, en lo corrido de 2025 ya van cerca de 50 homicidios, 20 de ellos solo en marzo, como resultado del rompimiento de la tregua.
Las organizaciones criminales alegan incumplimientos entre las partes y la no suspensión de órdenes de captura. Pero más allá de eso, el desescalamiento fue artificial: durante los 18 meses de tregua no cesaron las actividades ilícitas ni otras formas de violencia. Al contrario, los grupos aprovecharon la pausa para consolidarse, expandirse a lo rural y dinamizar las economías ilegales. La Personería ya advirtió sobre posibles alianzas entre estructuras criminales urbanas y rurales
La situación es insostenible para la población de Buenaventura, que vive atemorizada. La gente se esconde después de las 6 de la tarde. Se han cerrado colegios y escenarios deportivos. La extorsión, el robo y el sicariato afectan el pequeño comercio y alimentan un clima de pánico colectivo.
El llamado de las autoridades locales y regionales ha impulsado un plan de choque por parte del gobierno nacional: refuerzos del pie de fuerza, recompensas, operativos especiales y mayor coordinación institucional. Es una respuesta necesaria, pero insuficiente. La comunidad está cansada de los ciclos de crisis–atención–abandono. Cada tanto se habla de militarizar la ciudad, pero el problema estructural sigue sin resolverse, la población ha perdido la confianza en el Estado.
Y con razón. Cada gobierno repite la misma historia. El gobierno actual, que prometió saldar la deuda social con Buenaventura y hacer del puerto un piloto de su “paz total”, fracasó rotundamente. Durante los 18 meses de tregua no se desmantelaron las estructuras criminales, no se ejecutaron los proyectos estratégicos prometidos, ni se avanzó en la intervención social de fondo, le fallaron a Buenaventura.
La seguridad pública es un bien básico. Cuando se pierde, se pierde todo: la confianza en el consumo, la inversión, el turismo, y hasta la tranquilidad de caminar por las calles. Pero lo más grave es la pérdida de fe en las instituciones. La ciudadanía siente que el Estado no puede prevenir, contener ni sancionar el crimen. Esto, sumado a la impunidad, refuerza los incentivos perversos de los grupos armados: delinquir sale rentable porque no hay consecuencias.
Por eso se necesita más que un plan temporal: se requiere una estrategia integral, con visión de largo plazo. El conflicto se ha sofisticado. Las alianzas entre bandas urbanas y grupos armados rurales exigen una respuesta articulada y eficaz. Se debería considerar la creación de un Comando Conjunto Especial con presencia permanente de alto nivel, que integre Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea bajo un mando unificado, con capacidad de actuar sin depender de órdenes centrales. La interoperabilidad y el accionar conjunto son esenciales ante amenazas complejas.
Ahora bien, la solución no es exclusivamente militar. La seguridad es multidimensional y tiene raíces sociales. El problema de fondo es la falta de oportunidades. Mientras no se genere empleo formal, la violencia seguirá siendo una alternativa para muchos jóvenes. Las bandas criminales los reclutan con facilidad, ante la ausencia de referentes positivos, educación de calidad y proyectos de vida.
La deserción escolar en los últimos grados del colegio es alarmante. Muchos jóvenes enfrentan presiones económicas, violencia intrafamiliar, drogadicción, pandillas y la cooptación por parte de grupos criminales. ¿Qué opciones tienen quienes no logran terminar el colegio? ¿Y los que se gradúan, podrán estudiar o trabajar? La falta de proyectos de vida los deja a merced del crimen.
El trasfondo es claro: Buenaventura necesita más empresas, más empleo formal y mejor educación. Ningún puerto del mundo se sostiene solo con actividad portuaria, menos ahora, cuando los avances tecnológicos reducen la necesidad de mano de obra. La región tiene un enorme potencial en bioeconomía, agroindustria, turismo e industria. Pero se necesita atraer inversión privada que desarrollen estas capacidades, genere empleo e involucre a las comunidades locales.
Pero acá aparece el círculo vicioso: la inseguridad ahuyenta la inversión. Además de afectar directamente a las personas, la violencia encarece la operación de las empresas, altera sus proyecciones y desincentiva su presencia en la región. La incertidumbre es el peor enemigo del desarrollo económico.
Esto ya está afectando incluso la operación portuaria y el comercio local, así como la posibilidad de atraer turismo e inversión. ¿Qué pensará un empresario que evalúa instalarse en Buenaventura si percibe que será extorsionado? ¿Cómo atraer visitantes si ni los propios habitantes se sienten seguros?
A corto plazo, el objetivo debe ser recuperar el orden y la seguridad física para que la población se sienta segura y se puedan normalizar las actividades de productivas. A mediano plazo, es fundamental garantizar el acceso y calidad de los servicios sociales, especialmente en educación. Como diría Amartya Sen, hay que dar a los jóvenes la posibilidad de “ser lo que quieren y pueden ser”.
Es hora de actuar con decisión, sin populismo, sin improvisación y sin excusas. La diversidad cultural, ambiental y económica del Pacífico es un activo invaluable para Colombia. Buenaventura puede y debe ser un motor de desarrollo regional, pero necesita un Estado que esté presente, no solo cuando hay muertos. Necesita confianza, inversión, instituciones sólidas y oportunidades reales.
Con la participación activa de la comunidad y el trabajo conjunto del sector público y privado se podrá construir un futuro donde no tengamos que volver a decir “SOS Buenaventura”, sino que las noticias sobre nuestro puerto sean solo buenas.