Las instituciones son la base de nuestra democracia
La alocución presidencial del martes 3 de junio marcó un nuevo punto crítico en la relación entre el Ejecutivo y las demás ramas del poder público.
El presidente Gustavo Petro anunció que convocará a una consulta popular mediante decreto, argumentando que el Senado no se pronunció dentro del plazo legal previsto.
Este anuncio, lejos de ser una solución democrática, representa un grave atropello a la institucionalidad y a la separación de poderes.
Quiero decirle al presidente, con respeto pero con firmeza, que las instituciones no se burlan, no se sortean ni se doblegan.
Son precisamente las instituciones las que lo hicieron presidente, las que garantizan el funcionamiento de la República y las que nos separan de la barbarie.
Por imperfectas que puedan ser, son el pilar que sostiene nuestra democracia, y es un falso sofisma hacer creer que la elección es entre el pueblo, o las instituciones.
Nuestra Constitución Política de 1991, es garante de los equilibrios de poder que hacen que el pueblo se vea representado en nuestra democracia a través de diversos mecanismos de participación.
Recurrir a vacíos legales, a interpretaciones forzadas de la Constitución, a lo que muchos han llamado “leguleyadas”, no solo deslegitima la consulta popular, sino que también pone en riesgo el orden constitucional.
La consulta no puede ser impuesta por decreto cuando el Congreso, en ejercicio de sus funciones, ya se ha pronunciado.
La Sección Quinta del Consejo de Estado fue clara al señalar que el archivo en el Senado fue un acto definitivo y legítimo. Pretender desconocerlo es desconocer la voluntad democrática.
El presidente ha dicho que se silenciará durante la campaña de la consulta. Pero es imposible ignorar el ruido que deja este intento de imponer una narrativa única, desconociendo el rol deliberante del Congreso y forzando la intervención de la Corte Constitucional, a la que inevitablemente se le pedirá que restablezca el equilibrio institucional.
La consulta popular no es en sí misma el problema. Lo que cuestionamos es la forma. Si de verdad se quiere saber qué quiere el pueblo, entonces impúlsela con respeto por las reglas del juego democrático, no saltándose etapas, no desconociendo decisiones, y sobre todo, no debilitando las bases institucionales sobre las que se erige el Estado de Derecho.
El poder en Colombia le pertenece al pueblo, sí. Pero es a través de las instituciones que ese poder se expresa y se convierte en ley.
Defender las instituciones no es ir en contra del pueblo, es precisamente defender su voluntad, su participación y su representación.
Hoy más que nunca debemos actuar con firmeza. No por intereses políticos, sino por respeto a la democracia.
Porque si permitimos que las reglas se cambien cada vez que hay una derrota política, entonces habremos perdido todo aquello que le da sentido a vivir en un Estado de Derecho.