¿Lo mismo de antes?
Si de algo se han quejado los colombianos, en medio de tantas situaciones difíciles, es de la forma como se aplica la justicia en nuestro país.
Lenta en algunos casos, sobre todo cuando se trata de personajes de cuello blanco o de políticos corruptos.
Algunos casos llevan años esperando ser desempolvados para que se tomen decisiones judiciales pero, mientras tanto, ocupan cargos de alto nivel burocrático.
Vaya a saberse porqué. Por eso es que en ciertos casos se pasa de largo, por lo que muchos se creen intocables o infalibles.
Esto de la justicia es una de las quejas más reiteradas de los colombianos. Y con casos de derecho administrativo ni se diga.
Existen algunos que se demoran hasta 20 años y el argumento o pretexto de los magistrados es que mensualmente se escogen uno o dos casos cuyo análisis o estudio es demorado.
¿Será posible? Lo complejo es que, según dicen compatriotas, algunos abogados defensores deben pagar alguna cuota para que sus procesos se tengan en cuenta.
Se supo de un magistrado de la Corte Suprema cuando le advirtió a un acusado, ante una pregunta comprometedora, con abogados de las partes comprometidas, que no la respondiera por que se auto incriminaría.
Lógicamente, ese magistrado, muy amigo del investigado, cometió no una imprudencia sino una intromisión que deformaba un proceso.
Y lo lamentable es que ese magistrado continúa en la misma Corte y lo acusan de ser uno de los que intervino en la redacción de un fallo muy cuestionado en la que, según parece, predominó el odio y el interés ideológico y, vaya a saberse si algún otro emolumento.
Ya Álvaro Gómez Hurtado lo había dicho en alguna ocasión: “Hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al bando de criminales,” tal como sucedió con el gobierno de Juan Manuel Santos, al desconocer el NO de un plebiscito nacional e inventarse un fast track que le permitiera “acabar” con las farc lo que, resultó una mentira con ojos azules.