Los cultivos ilícitos

La decisión de la Corte Constitucional que impide el uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia abre nuevamente la discusión sobre qué hacer frente al avance de la frontera cocalera en nuestro país. La Corte analizó una tutela de una asociación de productores de coca mediante la cual el plan ambiental para el uso del glifosato no había sido adecuadamente consultado por las comunidades aledañas a los lugares de fumigación en Nariño, no sobre los elementos de fondo que debe analizar el país frente al avance de los cultivos, su impacto en la seguridad nacional ni mucho menos las medidas alternativas que se deben tomar para frenarlos. Nuestro país produce el 70% de la coca del mundo, un negocio que mueve cerca de 100 billones de dólares según la UNODC. Una cifra que respalda la lucha armada, política y jurídica que rodea el tema. Actualmente, tenemos cerca de 143.000 hectáreas concentradas especialmente en las zonas de frontera con Ecuador y Venezuela, las mismas en las que sigue el fuerte conflicto armado. Nuestra región representa el 33% de los mismos. ¿Realmente creemos que el tema se resuelve con sustituciones voluntarias y brindándoles alternativas de sustitución de cultivos a los cocaleros? ¿Quiénes la están sembrando? No son los campesinos, como algunos lo hacen parecer. Los disputas por los territorios sembrados de coca condenan a millones de colombianos a seguir viviendo una guerra que no les pertenece, miles de ellos se ven obligados a desplazarse, abandonando sus tierras. ¿Realmente son estas comunidades las que no están de acuerdo con la fumigación? Este tema es álgido para nuestro país por eso debe estar en la agenda del debate presidencial.

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