Luces y sombras
La sanción de la ley 1448 de 2011, ha sido una de las decisiones más importantes y ambiciosas del gobierno Santos en estos cuatro años; con este acto, no solo se reconoció la existencia de un conflicto armado interno, sino que con su implementación se pretende atender y reparar por el daño causado a más de 7 millones de víctimas, que hacen de Colombia un país de víctimas, por cuanto la sexta parte de su población se encuentra bajo esta condición.
Justo reconocer avances importantes: se ha edificado todo un andamiaje institucional que compromete a todas las instancias del Estado, logrando a través de su activación más de medio millón de procesos de reparación; han sido restituidas 94.820.000 hectáreas de tierras resultado del despojo, y se implementó todo un sistema de aplicación de justicia transicional, convirtiendo a las víctimas en el eje de los esfuerzos por la paz y la reconciliación, dándoles rostro y corazón a sus más sentidas demandas.
Aunado a todo este promisorio panorama, hay que señalar que no existe la articulación necesaria entre las instituciones del Estado para el cumplimiento de estas metas, por falta de mayor liderazgo de las instancias nacionales y por la incomprensión y ausencia de mayor compromiso de las administraciones seccionales y locales.
Impactan sobre los resultados esperados tanto las dificultades fiscales del país como el excesivo centralismo expresado en la carencia de herramientas y recursos seccionales para hacerle frente al desafío; la restitución de tierras, aspecto nodal de la ley, se adelanta en medio de la guerra y la existencia de una mafia jurídica y violenta orientada impedir su concreción.
Para completar, el virus de la politiquería y la corrupción compromete progresivamente liderazgos de las víctimas del conflicto.