#MalasInterpretaciones
Caerán rayos y truenos, pero las cosas deben decirse por su nombre: Esteban Ramos, su esposa y el fiscal Umbrilla, ningún delito cometieron.
La semana que corre se les imputó a los tres el delito de cohecho, porque los dos primeros pagaron un tiquete aéreo por valor menor a 200.000 pesos al último para que pudiera asistir a una audiencia que estaba fijada, en donde Ramos y su esposa eran víctimas de falsos testigos.
Haber pagado ese tiquete, no para unas vacaciones del fiscal, sino para acudir a una audiencia, no afecta el bien jurídico de la administración pública, el bien jurídico tutelado en el delito de cohecho es visto no como la percepción pública de favoritismo, sino la imparcialidad en la toma de decisiones, imparcialidad que en nada se compromete al ser la víctima, no la defensa, la que paga el tiquete aéreo en una situación apremiante para quienes ostentaban tal calidad.
Esto no lo digo solo yo, la jurisprudencia de la Corte (que no citó por espacio) ha sido reiterativa en este aspecto.
Para que la conducta de “darle” algo a un funcionario, en este caso a un fiscal, constituya delito se necesita que el “algo” beneficie solo al funcionario o a un tercero, pero como dice la Corte si corresponde a una colaboración a una búsqueda de un fin común y no a vender a la justicia, no habrá siquiera tipicidad de cohecho y la conducta será atípica.
No toda conducta puede ser de interés al derecho penal, se requiere que afecte un bien jurídico que aquí en este caso no ocurrió y no pueden criterios políticos dar el impulso a procesos penales. Sé que la fiscalía va a reflexionar y pedirá la preclusión de este caso.