Muriendo en vida
Hay historias que deberían estremecer a todo un país. No por su dramatismo, sino por la claridad con la que revelan una verdad incómoda: cuando el sistema de salud falla, quienes pagan son los pacientes.
Y cuando además falla el cumplimiento de la ley, lo que está en juego no es solo la salud, es la dignidad de la gente.
Recientemente conocí el caso de Geraldine, una de esas historias que no deberían existir.
Durante más de 13 años ha vivido con un dolor constante, silencioso, derivado de los biopolímeros en su cuerpo.
Un dolor que la llevó a depender del Tramadol para poder sobrellevar su día a día, sin imaginar que ese camino terminaría afectando gravemente su salud renal. Hoy está en estadio 4 de falla renal. Ya perdió un riñón y el otro apenas funciona al 30%.
Pero lo más doloroso no es solo su condición médica. Lo más grave es que, a pesar de todo, el sistema le sigue dando la espalda. Geraldine tiene un fallo de tutela a su favor.
Tiene una ley de mi autoría que la protege. Tiene el derecho. Y aun así, no tiene atención.
La entidad encargada de garantizar su tratamiento —la Nueva EPS, hoy intervenida y bajo control del Gobierno nacional— no ha cumplido.
Le retrasan las citas, no le autorizan los procedimientos, no le entregan los medicamentos. En palabras de ella misma: “El dolor me está matando. Me siento abandonada”.
No hay forma más clara de describir la dimensión de esta crisis. Como autora de la Ley de Biopolímeros en Colombia, no puedo guardar silencio.
Esa ley es una herramienta concreta que obliga a las EPS a garantizar atención integral a las víctimas: atención física, atención mental y, cuando sea necesario, procedimientos quirúrgicos para la extracción de estas sustancias. Es una obligación.
El caso de Geraldine no es un hecho aislado. Aquí no hay espacio para excusas. Cuando una entidad está bajo el control del Gobierno nacional, la responsabilidad es aún mayor.
No se puede señalar a terceros ni trasladar culpas. El Gobierno tiene la obligación de garantizar que las entidades intervenidas funcionen, respondan y cumplan con la ley. Y en este caso, claramente no está ocurriendo.
No estamos hablando de cifras ni de indicadores. Estamos hablando de una mujer que sufre todos los días, que siente que el tiempo se le agota y que, aun teniendo la razón, no encuentra respuesta.
La salud no puede administrarse desde la improvisación ni desde la indiferencia. Requiere rigor, coordinación y, sobre todo, humanidad. Porque detrás de cada caso hay una historia, una familia, una vida.
Geraldine no debería estar pidiendo ayuda. Debería estar recibiendo atención. No debería estar suplicando citas. Debería estar en tratamiento.
No debería sentirse abandonada. Hoy levanto la voz, no solo por ella, sino por todas las víctimas de biopolímeros que siguen esperando que el sistema les responda.
La ley existe. Las herramientas están. Lo que falta es voluntad política para cumplirlas.
El país no puede acostumbrarse a que el dolor de los pacientes sea ignorado.