Natalidad, el nuevo desafío de Colombia
Colombia está viviendo un fenómeno preocupante, pero que está pasando desapercibido. El número de nacimientos es el más bajo de los últimos 10 años.
Mientras en 2015 hubo 455 mil nacimientos, el año pasado la cifra bajó casi el 50%; es decir, a 225 mil.
Y si bien, algunos lo ven como un dato demográfico más, en el fondo es una alerta sobre el futuro de nuestra economía, nuestro sistema pensional y la sostenibilidad del país.
¿Por qué está ocurriendo esto? No hay una única razón. Por un lado, está el cambio en los proyectos de vida, especialmente de las mujeres.
Cada vez más, priorizan su desarrollo personal, académico y profesional. Solo en 2024, el 31,7% de las mujeres entre los 20 y 35 años, que decidieron ser madres, ya eran profesionales, y el 16,0% contaban con un posgrado a sus 35 años.
Por el otro, la desigualdad en los roles de género, pues las mujeres invierten más del doble de tiempo en labores de cuidado y del hogar que los hombres.
Y por último, el aumento del costo de vida. No es que no quieran tener hijos. Es que lo están postergando, o incluso desistiendo, ante un entorno como el que hoy tiene nuestro país.
Contar con población envejecida representa una afectación directa al progreso económico y competitividad de un país.
Los adultos jóvenes no solo representan la fuerza laboral activa, también son los que sostienen los sistemas de pensiones, de salud y programas sociales con sus aportes.
El problema es que la demanda de estos servicios recae, en su mayoría, sobre adultos mayores. Entonces, si la base laboral sigue reduciéndose, el modelo se vuelve insostenible.
En otras palabras, si como país tenemos menos jóvenes, la dinámica económica tiende a volverse lenta, afectando nuestra capacidad de crecimiento y desarrollo.
Bajo este panorama, el dilema está en cómo se puede incentivar a que más personas quieran tener hijos sin afectar sus condiciones de vida.
Países como Japón, Suecia, Noruega, Islandia, Estonia y Portugal ya superaron este dilema destinando el 4% del PIB a políticas que promueven la natalidad mediante el respaldo efectivo a la crianza.
Entre sus estrategias se destacan la creación y adecuación de lugares para la lactancia, permisos parentales remunerados para ambos padres y la garantía de cupos en guarderías de alta calidad.
En estos países, tener hijos no es un obstáculo al bienestar, sino una decisión apoyada por el Estado.
Sin embargo, adaptar estas políticas a la realidad colombiana implica desafíos considerables, pues los factores que inciden en la decisión de tener hijos están atravesados por profundas desigualdades sociales.
En muchos casos, el embarazo no es una elección libre ni consciente, sino el resultado de la falta de educación sexual, el escaso acceso a métodos anticonceptivos y contextos marcados por la pobreza.
Esto, incluso en algunos casos, ha hecho que algunas familias vean en el embarazo, la posibilidad de recibir ayudas por parte del Estado.
Sin duda, Colombia debe avanzar en pensar cómo revertir esta tendencia; sin embargo, no debe desestimar esas complejidades que pueden terminar ampliando la cadena de vulnerabilidad en ciertos grupos sociales.
Este panorama exige enfocar los esfuerzos en mejorar las condiciones sociales de las mujeres, para que la maternidad no represente un freno en su proyecto de vida.
Esto implica garantizar su ingreso y permanencia en el mundo laboral, permitiéndoles una mayor estabilidad económica y bienestar para ellas y sus hijos.
Además, avanzar hacia una distribución equitativa de las responsabilidades de cuidado entre madres y padres, reduciendo la carga física y emocional que hoy recae casi exclusivamente sobre las mujeres.
Y por último, fortalecer la educación sexual dentro y fuera de las instituciones educativas, para prevenir embarazos no deseados y empoderar a los jóvenes en sus decisiones.
Esto, sumado a políticas estructurales que permitan tener hijos sin afectar las condiciones de vida de las personas.