No más niños en la guerra
Indignante el episodio de violencia ocurrido en Antioquia, donde una menor de 16 años, integrante de una comunidad indígena, perdió sus extremidades superiores al manipular una mina antipersona que el ELN pretendía sembrar.
Indignante que la adolescente haya sido reclutada a la fuerza por esa organización ilegal. Más indignante es que la víctima solo llevaba un mes de haber sido arrebata de su familia y con ese corto tiempo, fue obligada a realizar acciones bélicas con explosivos.
Actos execrables como este no se pueden permitir. En 2001 cuando Colombia adhirió a la Convención de Ottawa, adquirió el compromiso de realizar un desminado humanitario en todo el país, sin embargo esa labor se volvió más compleja debido a la acción criminal de los grupos alzados en armas que persisten en utilizar dichos explosivos.
Fue justamente el ELN el que empezó en los años 70 implementando minas en sus ataques a la Fuerza Pública. Las elaboraban con procedimientos artesanales de fácil fabricación. Aún siguen usándolas, a pesar del daño irreparable que causa a las víctimas. En el 2019 se registraron 352 personas afectadas por esos artefactos, 42 de ellas murieron.
No es haciendo exigencias en una mesa de diálogo como se construye el camino hacia la paz, es demostrando con hechos la voluntad de reincorporarse a la vida en sociedad, que se refleja en actos como dejar de reclutar niños y adolescentes, abandonar la práctica de instalación de minas antipersona y suspender los secuestros, entregando a los que se encuentran privados de la libertad, porque según las cifras oficiales el ELN tiene actualmente a diez secuestrados. Son las mínimas exigencias que deben cumplir, que están contempladas en normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario.