No más pañitos de agua tibia
En las últimas semanas hemos presenciado estupefactos dos casos de abuso y maltrato infantil con alta exposición mediática, situaciones que han causado un gran impacto al tratarse de actos perpetrados por miembros de la que se supone es la institución por excelencia para salvaguardar y proteger los derechos, pero ante todo, la integridad de los colombianos: el Ejército Nacional.
Sin embargo, tristemente durante años hemos presenciado como de manera reiterativa se sigue conociendo prácticamente cada semana un caso grave o aberrante de maltrato infantil en el territorio nacional, algunos de los cuales son cometidos por individuos referentes del sistema institucional del país y en la mayoría de los casos por miembros de la propia familia.
Esta situación revela un reto prioritario para nuestro país, para sus instituciones y para todos los que vivimos en el territorio nacional, porque no solo es necesario proteger a los menores de edad de actos infames de violencia física, sexual y/o sicológica, sino también brindarle atención efectiva a aquellos que lastimosamente han sido afectados hasta el momento.
Hace algunos días tuvimos la noticia del endurecimiento de las penas aprobada por el Congreso para aquellas personas que cometan casos de violencia sexual en contra de menores en el país, endurecimiento comúnmente conocido como la “cadena perpetua para violadores”, una tarea ardua liderada y puesta en la palestra pública por una de las grandes defensoras de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Colombia, la ya desaparecida trabajadora social y ex senadora de la República Gilma Jiménez.
Sin embargo, y de acuerdo a diversos profesionales en derecho, la aplicación de manera ejemplar de la sanción en mención para los dos casos referentes a los miembros de las Fuerzas Militares, no es aplicable en nuestro país, ya que aún no ha sido reglamentada por la rama ejecutiva, quien tiene el plazo de un año para proceder con esta acción, por lo tanto no ha entrado en vigencia y en Colombia al no ser el sistema judicial de carácter retroactivo, significa que los delitos se juzgarán de acuerdo a las normas vigentes al momento de su acción.
En cualquier sentido, lo más importante es brindar todas las herramientas no solo para el castigo del delito sino para la prevención del mismo. Es fundamental contar con un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, más robusto, con herramientas de acción de mayor alcance, con un fortalecimiento técnico tanto de su personal operativo como a nivel gerencial, que a su vez se debe traducir en que este importante organismo debe estar por fuera de los vaivenes políticos traducidos en cuotas de burocracia tanto a nivel nacional como regional.
Pero toda la responsabilidad no debe recaer en el ICBF, también es necesario una mayor intervención de las instituciones educativas públicas y privadas del país, ya que son estas las que tienen el contacto diario con los menores de edad y son las llamadas a dar las “alertas tempranas” frente a estas situaciones.
Las Personerías municipales a su vez deben acompañar decididamente y sin cálculos políticos los procesos de prevención y visibilización de los canales de denuncia del ciudadano, con estrategias claras, concisas y con orientación precisa al afectado, evitando la revictimización del menor y la sobre exposición mediática del mismo y su familia, situaciones que en ocasiones y en todos los estratos sociales, se convierten en disuasivos muy poderosos para no denunciar los hechos ante las autoridades.
De igual forma se deben fortalecer otras instituciones como la Policía Nacional con su división de infancia y adolescencia, no solo con recursos y número de personas adscritas a las mismas, sino con capacidad técnica, investigativa y con claras acciones en pro de la prevención del delito.
Otros actores que han estado en el “ojo de la polémica” con estos casos de abuso infantil, son las instituciones religiosas de todos los credos, a quienes el Estado colombiano debe exigirles estrategias con códigos de disciplina internos fuertes y programas de prevención y seguimiento al comportamiento de sus ministros, tarea fundamental porque en nuestro país, el factor religioso aún tiene gran importancia en el desarrollo de la vida cotidiana.
En este sentido, es esencial para el desarrollo de nuestro país y por ende de nuestra vida en sociedad, que esta discusión no esté expuesta a las dinámicas políticas propias de la democracia, por el contrario, todas las fuerzas vivas, políticas y sociales deben confluir en un gran pacto nacional que conlleve a un trabajo unificado para la protección de los niños y niñas de Colombia, donde todos los ciudadanos seamos actores activos y participativos en su conjunción y visibilicemos nuestro deseo de protección al menor, deseo que a su vez incentive al establecimiento institucional a reaccionar con medidas de fondo y no con “pañitos de agua tibia”.