No usen más a Buenaventura
El Gobierno Nacional brilló por su ausencia en el principal encuentro sobre el futuro de Buenaventura. Este mes se realizó la 5ª edición de “Buenaventura: El Momento es Ahora”, un espacio en el que empresarios, gremios, autoridades y líderes comunitarios dialogaron sobre el futuro del Pacífico colombiano.
Pero hubo un gran ausente: el Gobierno Nacional. Ningún ministro se presentó. Esa ausencia no es un descuido menor, sino la prueba de un patrón que ya nos tiene cansados: promesas en campaña, desidia en la gestión.
Buenaventura ha sido escenario de campañas presidenciales —incluido el propio presidente Gustavo Petro—, pero una vez en el poder, todos los gobiernos repiten la misma historia.
Y todo apunta a que ahora veremos desfilar precandidatos presidenciales escuchando, prometiendo y proponiendo, pero sin resultados reales.
La paradoja es brutal: Buenaventura moviliza casi el 40% del comercio exterior de Colombia y la actividad portuaria creció un 21% en el último año.
Aporta el 25% de los ingresos por aduanas —cerca de 6 mil millones de dólares— y genera contraprestaciones portuarias que superan los 30 millones de dólares anuales. Sin embargo, esos recursos se quedan en Bogotá.
En contraste, su gente enfrenta una tasa de pobreza superior al 60%, un desempleo cercano al 30% y una informalidad que supera el 70%.
El puerto mueve la economía del país, mientras sus comunidades sobreviven sin agua potable en una de las ciudades más húmedas del mundo.
No es que la actividad portuaria no genere desarrollo —sí lo hace y es la principal fuente formal de empleo—, pero ningún puerto en el mundo depende solo de su operación.
Menos ahora, cuando la tecnología reduce la necesidad de mano de obra. Buenaventura necesita diversificar su economía: convertir la logística en plataforma de agroindustria e industria, para que a la carga se le agregue valor en el territorio.
El potencial está ahí: bioeconomía, negocios verdes, pesca sostenible, agricultura y turismo comunitario apoyado en la riqueza cultural y ambiental del Pacífico.
Pero atraer empresas no es posible sin un entorno competitivo y seguro para la inversión. Eso exige resolver los problemas de seguridad física y también los de seguridad jurídica que frenan proyectos estratégicos, como lo demuestra la doble calzada Buga–Buenaventura.
A la vez, la ciudad necesita una apuesta seria por infraestructura social. Es inconcebible que Buenaventura, rodeada de una gran cantidad de ríos y quebradas, y siendo uno de los sitios más húmedos del país, tenga a gran parte de sus habitantes sin acceso al agua potable.
En mi intervención como panelista en el espacio “Inversión Social como Generador de Oportunidades” destaqué que la mejor política social no es el asistencialismo, sino abrir puertas al empleo y al emprendimiento.
Eso requiere articular al sector público, privado y comunitario, pero el Gobierno Nacional debe garantizar los bienes públicos básicos: un acueducto digno, hospitales que funcionen, escuelas de calidad y barrios seguros.
En general, Buenaventura es una ciudad que genera muchos ingresos al fisco local y nacional, pero recibe poca inversión pública.
Los recursos no pueden seguir diluyéndose sin un rumbo claro. Se necesitan mecanismos de transparencia y planeación estratégica que garanticen que esos dineros lleguen a proyectos transformadores.
Y hay que destrabar, de una vez por todas, la agenda de competitividad: la profundización del canal de acceso, la vía Mulaló–Loboguerrero, la modernización del aeropuerto, el tren del Pacífico y la conexión Buenaventura–Orinoquía.
En últimas, Buenaventura está en un punto de no retorno. O se convierte en motor de competitividad con justicia social, o seguirá siendo el espejo de un país incapaz de aprovechar su mayor oportunidad.
El futuro de Buenaventura no puede seguir hipotecado a la indiferencia oficial ni usado como escenario de campaña cada cuatro años. Ahora es —literalmente— ahora o nunca.
@edwinhmaldonado