#PanDiario
Es hora de revisar el papel que cumple el derecho penal en una sociedad como la colombiana.
Este hecho no es de ahora, viene de tiempo atrás, pero tal vez por las redes sociales y la rapidez con que las noticias corren en este momento, es que los colombianos podemos ver la actividad de la Fiscalía y la Justicia Penal en general con mayor facilidad, además, el tema penal provoca morbo, interés por ser el que priva de la libertad a una persona.
El mayor problema se presenta frente a los delitos contra la administración pública y en especial el peculado, es decir la malversación de los recursos públicos.
La pregunta es ¿en qué momento cualquier falencia, irregularidad o yerro en la contratación se considera como dolosa en términos penales? ¿En qué momento la Corte Suprema empezó a sacar pecho manifestando que la violación de los principios de la contratación implica dolo prácticamente siempre?
Un servidor público que administra dineros o que debe vigilarlos tiene una carga mayor que cualquier otro particular, pero para hablar de dolo se requiere mucho más que la simple violación de los principios o la pérdida de recursos del Estado.
Muchos de los investigados o condenados por estos delitos en Colombia, en cualquier otro país del mundo democrático jamás hubieran sido condenados, no pasaría jamás que el derecho penal se involucrara, salvo que, como ocurre en Estados Unidos, se demostrara el contubernio entre personas para el desfalco del erario, se contratara a un financiador de campañas o se realizara un contrato en claro favor a un hecho indebido.
En Colombia presumir el dolo y sacar del cargo a servidores públicos democráticamente elegidos, por vía del derecho penal se volvió pan de cada día.