Parques sin droga
Un fallo reciente del Consejo de Estado revivió el debate alrededor de la regulación de la posesión y consumo de estupefacientes en el espacio público. Inicialmente, varios medios de comunicación señalaron que el pronunciamiento dejaba sin piso jurídico el decreto del presidente Iván Duque que facultaba a la Policía a decomisar, incluso la dosis mínima, a quienes la portaran en la calle. Varios sectores progresistas celebraron con regocijo la medida como una conquista definitiva del individuo frente el Estado. Sin embargo, la realidad es diferente.
El fallo del Consejo de Estado condicionó dicho decreto, (no lo anuló como pretendían los demandantes) y señaló que las autoridades pueden incautar la droga y sancionar a quienes se encuentren en posesión de sustancias psicoactivas cuyo fin sea comercial o que su uso afecte los derechos de terceros o del colectivo. Quedó claro que, si bien el Estado permite el consumo recreativo a través de la dosis mínima, amparando el libre desarrollo de la personalidad, este no se puede realizar en parques, perímetros escolares o áreas de interés histórico y cultural como continúa vigente en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Los parques son para el goce y disfrute efectivo de los ciudadanos de bien. Son puntos de encuentro para la interacción armónica de las familias, niños, jóvenes, adultos mayores y deportistas. Quienes insisten en liberalizar el consumo de drogas en el espacio público ignoran que no son filósofos virtuosos, poetas alados o artistas iluminados los que van al parque a fumarse un porro. Los habrá, seguramente, pero en su gran mayoría quienes se toman a estas zonas a meter vicio, son cuadrillas de malandrines que intimidan a la ciudadanía, vacían las esquinas y degradan los entornos. Sin contar con los delitos que pueden arrastrar en algunos casos.
El culto al individualismo, el romanticismo y la desmedida promoción del consumo de drogas como la gran consagración del desarrollo íntimo del ser, son causas que cuando se materializan en el espacio público terminan afectando el legítimo derecho que tienen los demás ciudadanos a la seguridad, la tranquilidad y a vivir en un ambiente sano.