Persecución a los desertores
Que Iván Márquez, “Jesús Santrich”, “El Paisa” y otros miembros de las Farc anunciaran que vuelven a las armas es la oficialización de lo que siempre se rumoró, un sector de esa organización que firmó los acuerdos de La Habana nunca renunció a la ilegalidad.
No obstante los problemas fiscales del país, el gobierno ha mantenido la intención de preservar los convenios suscritos por la anterior administración, por eso no es aceptable el argumento del retorno al conflicto por la “traición al acuerdo”. La traición al proceso se ha dado por parte de aquellos reinsertados que quieren mantener una doble vida, por un lado arroparse con los beneficios otorgados por el Estado colombiano y por otro persistir en actividades de delincuencia como el narcotráfico y lavado de activos.
Este es un nuevo frente que debe combatir la Fuerza Pública. Es hora de rodear a los policías y militares que tienen el deber constitucional de perseguir ese bloque de exintegrantes de las Farc. El tono amenazante de Iván Márquez no tiene otro objetivo que intimidar a los colombianos, pero carecen del poder para sostener un conflicto en el tiempo, además un levantamiento en armas que se escude en la lucha por las clases más desfavorecidas, requiere el apoyo de la comunidad para prevalecer.
El anuncio de los desertores de la paz no dejó de sorprender, sin embargo es una especie de depuración para discernir entre los que se desmovilizaron para contribuir en la construcción de la sociedad y los que continúan en la criminalidad.
Este movimiento no tiene cabida en el mundo del siglo XXI que abandonó, salvo algunas excepciones, las guerras intestinas como forma de superar las desigualdades. Aquí estamos frente a una organización de delincuencia que hay que perseguir, combatir y exterminar.