Petro frenó el tren del progreso
El Valle del Cauca lleva más de una década soñando, planeando y gestionando el proyecto más importante de su historia reciente: el Tren de Cercanías, una obra estratégica que conectará a Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira, integrando una región donde se movilizan más de 165.000 personas al día y habitan cerca de 3,5 millones de habitantes.
Y por qué no, pensar a futuro en extenderlo desde Palmira hacia el norte del Valle, para integrar todo el departamento en un solo sistema de movilidad moderna y sostenible.
En su primera fase, que conectará Cali y Jamundí —la zona con mayor número de viajes diarios—, el proyecto reducirá en promedio un 33% los tiempos de desplazamiento en 22 kilómetros, evitará la emisión de más de 300.000 toneladas de CO₂ en sus primeros diez años de operación y atraerá inversiones por cerca de 12 billones de pesos.
Además, generará más de 14.000 empleos directos e indirectos y beneficiará a más de un millón de pasajeros, convirtiéndose en la mayor inversión en infraestructura de la historia del Valle.
Sus efectos multiplicadores también serán evidentes: impulsará la cadena de insumos de la construcción, fortalecerá la industria metalmecánica y abrirá camino a una industria férrea regional.
No es un capricho político ni una promesa de campaña. Es una apuesta regional que ha sobrevivido tres periodos de alcaldes, gobernadores y presidentes, con el apoyo del sector privado y de la cooperación internacional.
Gracias a esa articulación, hoy cuenta con estudios técnicos avanzados, una estructuración validada por la FDN, y reconocimiento como proyecto estratégico nacional.
El propio gobierno de Gustavo Petro lo incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, y en septiembre de 2025, el Ministerio de Transporte anunció que el convenio de cofinanciación se firmaría en octubre, asignando el 70% de los recursos a la Nación y el 30% a los entes territoriales (Gobernación del Valle, Cali y Jamundí).
Sin embargo, a días de que entre en vigencia la Ley de Garantías (8 de noviembre), el Gobierno Nacional sigue sin firmar dicho convenio, indispensable para asegurar los recursos y avanzar hacia la licitación. No hay obstáculos técnicos, solo falta de decisión política.
El Valle no pide un favor. Exige el cumplimiento de un compromiso. De los más de 20 proyectos estratégicos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo para la región, ninguno se ha ejecutado, pese a que el Valle fue una de las zonas donde Petro obtuvo mayor votación.
Aún más preocupante es ver cómo algunos líderes locales de izquierda, en lugar de aprovechar su cercanía con el Gobierno para gestionar resultados, han optado por desinformar, sembrar desconfianza y justificar la inacción, como si quisieran que el Valle siga rezagado mientras Antioquia y Atlántico avanzan unidas.
El Tren de Cercanías no es un botín político. Es un proyecto nacional, bajo vigilancia de la Contraloría, la Procuraduría, el DNP, la FDN y la ciudadanía.
Nadie maneja la plata a dedo. El convenio no implica ejecución inmediata de recursos: solo formaliza los compromisos de cofinanciación que permitirán que la obra pueda iniciar en 2028.
Si este paso no se da, quedará claro que al Gobierno de Petro no le importa el Valle, que solo lo ve como un lugar para obtener votos y polarizar.
Lo más grave sería que el proyecto se aplace por al menos dos años, obligando a reiniciar trámites, actualizar estudios y asumir mayores costos financieros.
El Valle del Cauca ha sido una de las regiones que más aporta al país y una de las que menos recibe.
Lo que está en juego no es un trámite administrativo, sino el derecho de esta región a avanzar, a generar empleo, a tener movilidad digna y a construir un futuro sostenible.
Presidente Petro, el Valle ya cumplió.
Hoy la decisión está en sus manos: frenar el tren del progreso o permitir que arranque.
Firmar el convenio antes del 8 de noviembre no sería un favor, sino un acto de justicia y coherencia con una región que ha hecho su parte.