Procuraduría sin dientes
El fallo del Consejo de Estado que anuló la sanción de la Procuraduría al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, puede generar consecuencias en otros procesos, al cercenar facultades a los organismos de control cuando se adelanta una guerra contra la corrupción.
En esa decisión fueron acogidas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que insta a Colombia a no imponer sanciones, en cabeza de órganos administrativos a funcionarios de elección popular.
Sin embargo hay que tener en cuenta que las recomendaciones de la CIDH son conceptos que no obligan, por lo que debería valorarse la pertinencia ya que otros alcaldes, gobernadores, diputados y congresistas podrían salvarse de ser sancionados, dejando un vacío en el control disciplinario. Estarían comprometidas por lo menos 259 investigaciones de la Procuraduría, en muchas de ellas ya se impusieron sanciones.
Se necesitan reformas; por ejemplo, no es bien visto que el Procurador, elegido por el Congreso, sea quien investigue a sus electores, pero tampoco podría eliminarse de un tajo esa potestad, dejando a Senadores y Representantes sin vigilancia.
Son necesarias las facultades para la intervención penal, política, disciplinaria y fiscal; la responsabilidad de vigilar cargos de elección popular no puede ser exclusiva del derecho penal, porque existen comportamientos que no constituyen delito pero podrían ser causal de faltas contempladas en el Código Disciplinario.
Hay confusión frente al pronunciamiento del Consejo de Estado y jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto; son graves las consecuencias de dejar a los funcionarios elegidos popularmente sin controles disciplinarios, porque se despoja al Estado de herramientas para afrontar la lucha contra la corrupción.