Prostíbulos de barrio
Resulta deplorable descubrir que ante la proliferación de casas de citas en barrios residenciales las posibilidades de acción de las autoridades son casi nulas, aunque la ley 902 de 2004 las prohíbe.
Según la Secretaría de Gobierno de Cali, actualmente se adelantan 48 procesos sancionatorios contra este tipo de establecimientos. Incluso hay orden de cierre contra 8 de ellos.
Sin embargo, las gabelas jurídicas y los recursos que pueden interponer sus propietarios hacen casi imposible que se cumplan y los establecimientos continúan operando ante la mirada imponente de los vecinos.
En el papel, el POT es el instrumento que permite que la ciudad se desarrolle armónicamente generando espacios adecuados para los diferentes usos, pero ¿de qué sirve que todo se normatice si cada regla tiene un quite? Nuestra ciudad es un caos en lo que se refiere a planeación urbana y cada quien hace lo que le place en el territorio sin que las autoridades puedan contener las irregularidades.
El actual POT rige desde el 2000 y es compendio de normas que nadie cumple y nadie hace cumplir. Actualmente Cali discute el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, que será letra muerta si la ciudad no se arma de herramientas técnicas, operativas y jurídicas para que sea respetado.
La famosa teoría según la cual el de-sorden antecede al crimen establece que los delitos son el resultado de la combinación de dos elementos: las disposiciones criminales de tipo individual y las condiciones de desorden público.
Cali no sale del círculo vicioso de la inseguridad frente al cual las autoridades hacen un gran esfuerzo por contrarrestar el primer elemento pero no se preocupan por el segundo que es el caldo de cultivo de la criminalidad.