Recursos sin control
Es de todos conocido que uno de los grandes males que nos afecta es la corrupción, el problema se agrava si no existen entes idóneos o con las herramientas jurídicas suficientes para hacer una vigilancia sobre el gasto. La Constitución de 1991 reformó la manera de ejercer el control fiscal, sin embargo no se dotó de los instrumentos necesarios a la Contraloría para emprender una lucha frontal en ese sentido.
Con la actual carta política la vigilancia pasó a ser posterior, siendo la propia administración la que examina inicialmente la destinación de los recursos y la Contraloría inspecciona la labor ejercida por las instituciones. Este sistema falla porque dicha revisión se ejecuta cuando ya se cometió el daño y el Estado que no tiene la capacidad para recobrar el capital defraudado.
En Colombia, según la Contraloría, se pierden $50 billones anuales por cuenta de la corrupción, cifra escandalosa si se tiene en cuenta que el presupuesto general de la Nación para el 2018 es de $235,6 billones.
Otra de las dificultades está relacionada con el origen de los contralores, pues son las asambleas y los concejos los encargados de elegir estos cargos, permitiendo que la entidad sea permeada por la política. Las contralorías se convirtieron en bolsas de empleo, por eso deberían ser eliminadas.
El mecanismo de control de advertencia podría funcionar en la prevención del detrimento estatal, pero debe dotarse al funcionario que lo practica de facultades para ejercer acciones tendientes a impedir el daño al erario.
Quien aspira dirigir al país antes de pensar en imponer mayores cargas tributarias, debería hacer una reforma al control fiscal para buscar una manera efectiva de recuperar los recursos públicos que son objeto de desfalcos.