Reforma tributaria
La tributación es el elemento esencial para la existencia y funcionamiento del Estado. Los procesos sociales que permitieron se pasara de la barbarie a la civilización, se dieron gracias a la tributación, cuando los hombres le confiaron al Estado el bienestar común y su seguridad social.
Tratándose del Estado moderno, se le caracterizó cuando funcionó fundamentado con una Constitución Política, unas normas jurídicas, el ejercicio democrático con el voto popular y, sobre todo, como garante del bien común.
Claro que estos fundamentos son conocidos por la clase política, los gremios económicos y los congresistas. Aunque el pueblo raso sea quien tenga menos conciencia sobre la importancia estatal de los impuestos, es el primero en protestar cuando los presume como una amenaza para su supervivencia.
En la historia colombiana los comuneros del Socorro se levantaron contra el Virrey cuando les notificó los listados de nuevos impuestos con cargas más onerosas. Tampoco requirió de mayores análisis la reforma tributaria del exministro Alberto Carrasquilla en el gobierno de Iván Duque, que gravaba directamente la canasta familiar y que provocó la reacción popular en el 2021 en Colombia.
El gobierno de Gustavo Petro ahora presenta al Congreso un plan de desarrollo que requiere financiar con la percepción de 25 billones, por rendimiento de los activos propios y por concepto de tributos de los contribuyentes.
El valor de los bienes inmuebles y las empresas fachadas que los gobiernos anteriores expropiaron a los narcotraficantes, cubrirían los requerimientos económicos para la ejecución del nuevo plan de desarrollo, pero se descubrió que estos no aparecen.
Así mismo, existen bancos y empresas productivas que fueron declaradas exentas en anteriores gobiernos porque las consideraron fuentes de empleo. Ahí están las causas para la actual inequidad tributaria.
Diríamos que el mal de la evasión está agravado por una especie de “evasión legal”, autorizada por anteriores leyes de la Hacienda Pública, provocando que Colombia sea el único país con menores ingresos por concepto de tributación, agravado por la corrupción administrativa y los altos impuestos de los trabajadores.
En los encuentros de concertación con el Presidente de la República, los gremios económicos le advirtieron que si les cargaba impuestos, Colombia degeneraría en inflación y crisis económica.
Pero los medios de información pregonan que los trinos presidenciales sobre tales encuentros, son la causa de la incertidumbre interna para que se dispare el dólar galopante inflacionario.
Las inclemencias de la naturaleza, debido al cambio climático, que como diluvio arrasan con vías de comunicación, viviendas, ganado y cultivos, es otra emergencia social a resolverse estatalmente.
Tienen su origen en la destrucción de la capa de ozono por el uso vehicular indiscriminado de hidrocarburos y una producción basada en energía fósil, pero se le endilga al Presidente de que atenta contra el futuro cuando anuncia la regulación de la exploración petrolera y propone una transición energética que le permita a los colombianos una segunda oportunidad sobre este macondiano país.
La tributación debe fundamentarse con principios de la proporcionalidad, “a más ingresos, mayores impuestos”, jamás con la desproporcionalidad injusta regulada por una regla de tres simple inversa de que “a más ingresos, menores impuestos”.
Sería un principio de invalidez matemática que los opositores proponen para resolver este problema de Estado. Sería en contravía y la aplicación incorrecta de la regla de tres inversa.
Pero es la propuesta tácita de los grupos económicos que se opone a una reforma tributaria que garantice el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Política.
Hagamos votos para que el Congreso apruebe una reforma tributaria fundamentada en equidad, eficiencia y progresividad.