Region y postconflicto
No debe extrañar a nadie encontrarse en el proceso de agitación plebiscitaria a los más importantes funcionarios públicos del Estado. Casi todos sin excepción están comprometidos con la tarea pedagógica y electoral de promover el Sí. A nadie puede causar ningún tipo de malicia el presenciar a la gobernadora Dilian Francisca Toro liderando estrategias para articular a las lógicas regionales la consigna presidencial de que la paz se construye desde las regiones.
Esta instructiva, discutible o no, desde la esquina académica o la política, es la única ruta viable para aterrizar en las regiones los pocos o muchos recursos que desde el Gobierno nacional lleguen para ser transformados en proyectos e invertidos en las diversas variables del acuerdo de La Habana. Santos, querámoslo o no, con esta consigna, ha roto el temor de muchos vallecaucanos de que en la presunta construcción de la paz iba a imperar el centralismo bogotano.
El Valle, a diferencia del resto de departamentos, es un territorio de regiones; podríamos decir que hay cuatro o cinco, producto de migraciones del siglo XIX, el XX y probablemente del que está corriendo. Estas regiones tienen identidades propias y en ellas ha hecho presencia la violencia secular, siendo protagonistas no solo de las guerras de independencia sino de la eterna lucha por la tierra y la frontera agrícola. La cartografía vallecaucana obliga a la Gobernación a estar al frente de manera irrenunciable sobre la forma y el éxito del cómo va a transcurrir el plebiscito del 2 de octubre y obviamente en qué condiciones se van a adaptar los municipios vallecaucanos a los requerimientos técnicos para hacer realidad los recursos.
Por esta razón es que ya los estudios sobre la ruta de la inversión en el postconflicto en los próximos diez años apunta a los municipios golpeados por la violencia del terrorismo y el narcotráfico, para que en ellos se implementen todas las estrategias que permitan en primer lugar transformar la tenencia de la tierra, desterrar el narco cultivo y hacer realidad el retorno de los campesinos a sus veredas bajo la condición de pequeño y mediano propietario, o de obrero agrícola.
No nos podemos equivocar ni mucho menos hacerle coro al alcalde Armitage y a sus voceros, quienes argumentan irresponsablemente que Cali va a ser la capital del postconflicto, pues no se puede asimilar nuestra violencia urbana, producto de la economía del narcotráfico, a la inmensa complejidad que tienen los municipios del Pacífico, Pradera y Florida, y los del Norte del Valle, por ejemplo.
El papel de la Gobernadora en este sentido no solo es necesario, sino que se constituye en el único liderazgo que permitirá que los proyectos y los dineros para la reforma agraria integral, las víctimas y los desplazados no vayan a convertirse en una torre de babel o en una piñata, donde todos inicien una orgía de palazos en pos de la gallina de los huevos de oro. De tal manera que a respaldar todas las acciones que en este sentido se están emprendiendo desde la administración departamental.