Regiones en alerta electoral
Colombia llega al último fin de semana antes de las elecciones presidenciales con regiones enteras bajo amenazas, presencia de grupos armados y graves alertas de seguridad.
Cauca, Catatumbo, Chocó, Arauca y zonas del sur de Bolívar hoy viven una realidad alarmante: ciudadanos que no saben si podrán salir a votar tranquilos, comunidades confinadas por la violencia y territorios donde el miedo volvió a imponerse sobre la democracia.
Lo más indignante es que, mientras esto ocurre, el Gobierno sigue concentrado en campaña política.
Continúan recorriendo plazas públicas, haciendo anuncios populistas y defendiendo discursos electorales, mientras miles de colombianos en las regiones no tienen garantías mínimas de seguridad para ejercer su derecho al voto.
Es una desconexión absoluta con la realidad del país.
No puede normalizarse que en Colombia haya elecciones bajo amenazas de grupos armados.
No puede aceptarse que líderes sociales, comerciantes, campesinos y familias enteras vivan con temor en plena jornada democrática.
Y mucho menos puede permitirse que el miedo termine condicionando la participación ciudadana. En una democracia verdadera, votar no debería convertirse en un acto de valentía.
En el Cauca las disidencias continúan sembrando terror sobre las comunidades. En el Catatumbo el control criminal y las economías ilegales siguen desplazando la autoridad del Estado.
En Chocó y Arauca, la violencia y el abandono estatal mantienen a miles de familias atrapadas entre el miedo y la incertidumbre. Mientras tanto, el Gobierno insiste en hablar de “paz total”, aunque el país real demuestra exactamente lo contrario.
La sensación de desgobierno es cada vez más evidente. Colombia pasó de avanzar en seguridad y control territorial a regresar a escenarios donde los violentos vuelven a imponer condiciones en distintas regiones.
Y mientras eso ocurre, el Ejecutivo parece más preocupado por sostener una narrativa política que por garantizar orden y autoridad.
Las Fuerzas Militares y la Policía necesitan respaldo claro y decisiones firmes para proteger a la población civil y garantizar unas elecciones tranquilas.
Porque sin seguridad no hay libertad, y sin libertad no existe democracia real.
Cuando un Gobierno minimiza las alertas de seguridad y mantiene una actitud de campaña permanente en medio de regiones sitiadas por la violencia, termina transmitiendo indiferencia frente al sufrimiento de miles de colombianos.
La seguridad no puede convertirse en un tema secundario ni en una simple cifra estadística.
Detrás de cada amenaza hay familias enteras viviendo con miedo, jóvenes sin oportunidades y comunidades abandonadas por el Estado.
Colombia no puede acostumbrarse a que la democracia dependa de la voluntad de los grupos armados.
El derecho al voto debe ejercerse con libertad y tranquilidad en cada rincón del territorio nacional.
Si hay regiones donde la población siente temor de salir a votar, entonces el problema no es solamente de orden público: es una fractura profunda de la autoridad y de la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
Esa debería ser hoy la principal preocupación del Gobierno, por encima de cualquier cálculo político o estrategia electoral.
El 31 de mayo no será solamente una elección presidencial. Será también una prueba para la democracia colombiana.
Una prueba sobre si el país permite que el miedo siga ganando terreno o si decide recuperar la autoridad, la tranquilidad y las garantías que todos los ciudadanos merecen al momento de votar.