Sobornos, reformas y democracia
La presunta entrega de 3.000 millones a Iván Name y 1.000 millones a Andrés Calle para asegurar las reformas pensional y de salud, no es un hecho aislado.
Es un episodio más del historial de corrupción en Colombia, donde la política se convierte en moneda de cambio y los intereses del país se negocian tras bambalinas.
El escándalo de la UNGRD, con sus carrotanques fantasmas en La Guajira, ilustra cómo los recursos destinados a los más necesitados terminan financiando ambiciones personales o campañas políticas.
¿Quién se beneficia? Los de siempre. ¿Quién paga? La ciudadanía.
El delito no es solo cohecho o peculado. Es un atentado directo contra la democracia. Si las reformas se aprueban por la vía del soborno, no son producto del consenso ni del debate público.
Son imposiciones compradas, no decisiones legítimas. Y si las campañas se financian con dineros corruptos, los elegidos no le responden al pueblo, sino a quienes llenaron sus bolsillos.
Este patrón se repite desde Dragacol hasta Odebrecht, desde los subsidios de Agro Ingreso Seguro hasta los contratos escolares inflados del PAE.
No es un problema de ideología. Es una enfermedad sistémica que nos pudre por dentro. En cada administración cambian los nombres, pero no las prácticas.
La corrupción no discrimina entre izquierda y derecha. Solo se viste de oportunidad.
Y como siempre, quien terminará en la cárcel será el que recibió el dinero. Poco o nada diremos de quienes lo entregaron. A los que compran favores públicos los cubre el silencio, la influencia o el poder.
Así se perpetúa un sistema donde la corrupción no solo es rentable, sino también selectiva en sus castigos.