Tirársela
Esta semana el candidato presidencial Humberto De la Calle señaló que se estaban “tirando la paz”, refiriéndose a la crisis por la que atraviesa el acuerdo construido entre el Gobierno y las Farc, que comprometió además al conjunto del Estado colombiano.
El pronunciamiento de De la Calle, entre otras, interpela la intención en ciernes de extraditar a Jesús Santrinch, hoy condenado anticipadamente por los medios y las fuerzas políticas enfiladas en la recta final de sus campañas presidenciales, y lo hace a costa de la incomprensión nacional y el silencio desconcertante de los demás candidatos que se limitaron a manifestar, en su mayoría, lo políticamente correcto, es decir, que lo extraditen si resulta responsable del delito imputado.
Todos conocemos los mecanismos utilizados por el gobierno norteamericano cuando interviene en los asuntos internos de otro país en donde ostente intereses políticos o económicos: no ha dudado en provocar y auspiciar golpes de estado, si es el caso, o en fabricar procesos judiciales, bloqueos económicos o, también, proteger a sátrapas funcionales a sus intereses unilaterales.
De ahí la importancia de que la Corte Constitucional y más ahora la JEP, no se limiten simple y formalmente a evaluar la temporalidad de la supuesta comisión del delito imputado, sino que asuman la soberanía judicial que corresponde, y valoren también el acervo probatorio, de tal manera, que el Presidente de la República disponga de los elementos de juicio suficientes para tomar semejante decisión.
De las garantías procesales y legales del caso Santrich, depende el acuerdo de paz firmado con las Farc.
Esta decisión no solo debe satisfacer los dictados del tío Sam.