Un Valle del Cauca, en obra
Existe consenso sobre el efecto de la infraestructura en el crecimiento de los países, constituye una herramienta de política para incidir sobre el comportamiento de la demanda agregada, dado el efecto multiplicador de la inversión. Basta analizar lo que significó para EE. UU la construcción en su auge económico, y para Europa en la recuperación después de la segunda guerra mundial.
A propósito de las discusiones que se están dando sobre el papel del estado, es claro que en condiciones de crisis los recursos públicos se hacen muy importantes, así lo han hecho varios países en diferentes momentos de la historia para recuperarse. Pero una característica de los que más han sacado provecho de las crisis y se han recuperado más rápidamente, es que los recursos públicos los han inyectado a la economía en forma de inversión y no como subsidios, y han servido para dinamizar la inversión privada, no para reemplazarla.
Actualmente, muchos países desarrollados no pueden implementar este tipo de estrategia porque tienen una dotación de infraestructura grande. No sería pertinente hacer cosas por hacerlas, que construyeran por ejemplo más aeropuertos cuando en muchas zonas están subutilizados, lo mismo pasa con las líneas de metro, las vías y otros tipos de infraestructura. Algunos países están trabajando en una reconversión de su infraestructura en línea con la sostenibilidad, pero, aun así, el margen de actuación es muy bajo.
Contrario pasa en países como Colombia cuya dotación de infraestructura es muy baja, pero en este momento, aunque parezca contradictorio, esto se vuelve una gran ventaja frente a países desarrollados, porque tenemos mucho por hacer. Es tanto el déficit en infraestructura de transporte, saneamiento, salud, educativa, carcelaria, agropecuaria, y podría seguir completando esta columna con nuestras necesidades, que ahora representan una gran oportunidad de inversión para el país, que incluso podría ser atractiva para inversionistas externos.
El mismo DNP señala que la financiación de infraestructura en Colombia en las próximas dos décadas requiere una inversión de al menos $342 billones, que equivale al 40% del PIB de un año. Precisamente esta cifra sale en el CONPES 3996 de Contribución Nacional de Valorización que crea lineamientos de política para viabilizar esta fuente alternativa de pago que permitirá ejecutar más proyectos de infraestructura. Por eso, como reto de país, se debe seguir identificado fuentes innovadoras de financiación y fomentar el uso de las existentes, como lo son las APPs, plusvalía, estructuración de proyectos regionales (la asociatividad territorial facilita la concurrencia de distintas fuentes de financiación pública de orden nacional), recursos multilaterales, bonos de impacto, entre otras.
Pero independiente de la fuente de financiación, y como lo ha señalado de diferentes oportunidades, la Cámara Colombiana de Infraestructura del Suroccidente, estas inversiones a nivel regional deben estar enmarcadas en una arquitectura institucional y una gobernanza que permitan superar los riesgos de orden político, barreras regulatorias y de accesibilidad general y transparente a los proyectos. Acompañado de un fortalecimiento de la confianza de contribuyentes y adecuada apropiación de sus recursos, incentivando el pago de sus contribuciones, tasas e impuestos.
Esto es clave si queremos aumentar la inversión en el Valle del Cauca, dado nuestro déficit actual en infraestructura, que, por lo explicado, puede convertirse en una oportunidad. En un análisis de CAMACOL Valle presentado en su asamblea anual, muestra que los proyectos de infraestructura que quedaron incluidos en los Planes de Desarrollo de los principales municipios del Valle y la Gobernación alcanzan más de $30 billones. Si a esto le sumamos los grandes proyectos de la región; como Nueva Malla Vial del Valle de Cauca, la Vía Buga Buenaventura, Mulaló – Loboguerrero, Concesión Aeropuertos, Canal de Acceso al Puerto de Buenaventura, Planta Regasificadora de Pacifico y Tren de cercanías, podríamos estar hablando de cifras superiores a $40 billones en los próximos 10 años.
Esto sin duda, traerá beneficios sociales y competitivos a la región y en materia de empleo directo, que son claves para el desarrollo de la región. Sin embargo, adicional a este impacto, es importante resaltar los efectos indirectos que se ven reflejados desde la etapa de construcción, dado el incremento de la demanda de diferentes insumos, lo que se conoce como encadenamiento hacia atrás. Teniendo en cuenta esta inversión de $40 billones y dado que se estima que alrededor del 48% de la inversión en infraestructura se destina a la compra de insumos intermedios (bienes y servicios), significa que los sectores proveedores de insumos a la construcción tendrían un mercado nuevo de alrededor de $19 billones, impactando 9 de 10 grandes ramas y 29 sectores de 61 que componen la estructura económica.
Lo anterior, demuestra que la inversión en infraestructura constituye a futuro una oportunidad única para desarrollar otros sectores vía encadenamientos y convertirse en un elemento dinamizador y articulador de la reactivación económica regional. Este shock de demanda puede convertirse en un factor de ventaja para potencializar el progreso técnico, que facilitaría desarrollar sectores con mayores niveles de competitividad, que no solo podrían aprovechar en condiciones competitivas la demanda interna, sino también insertarse en las cadenas globales de valor.
Para aprovechar este potencial de encadenamiento se debe considerar en un plan liderado por la Gobernación y conjunto con los diferentes municipios, gremios y actores de la cadena. Primero para mapear todos los proyectos, generar información que permita identificar la demanda potencial y específica de los distintos bienes, entender las necesidades técnicas de los productos que se requieren y contrastarla contra la oferta actual, para determinar el potencial del sector productivo de la región. Y por último, para implementar incentivos para las compras locales e instrumentos para superar brechas y aprovechar oportunidades, así como canales de comunicación que permitan emparejamiento entre el tejido local y los desarrolladores de los proyectos.
Debemos impulsar que el Valle del Cauca sea un departamento en obra, y que la construcción sirva de arrastre de otros sectores, creando un efecto multiplicador indirecto en términos de empleo y producción, que generaría mayor valor económico y social a nuestra región.