Urge una Política Pública de Reasentamientos en Cali
La situación en Cali es alarmante: en 2022 se contabilizaron más de 193 asentamientos informales que definen el paisaje de nuestra ciudad, dejando a miles de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad. Lo más preocupante es que solo 40 de estos asentamientos han iniciado la ruta de legalización. Esta situación exige una acción urgente y decidida por parte de las autoridades locales, quienes deben priorizar la creación de una política pública de reasentamientos que aborde esta crisis humanitaria y urbana.
Hasta la fecha, hemos presenciado intentos limitados para enfrentar esta problemática. El reto no se trata únicamente de reubicar a las familias, sino de reconstruir vidas y garantizar un futuro seguro y digno para quienes hoy viven en zonas donde la naturaleza y la precariedad se combinan, creando un peligro constante.
Una política pública de reasentamientos en Cali debe incluir una planificación integral que contemple no solo la reubicación física de estas comunidades, sino también su integración social y económica en nuevos entornos que ofrezcan oportunidades reales de desarrollo. Es fundamental que esta política esté acompañada de medidas de inclusión laboral, acceso a educación y servicios de salud, y que se implementen estrategias que permitan a estas familias reconstruir sus vidas en entornos seguros y sostenibles.
En este contexto, es crucial señalar que la ciudad cuenta con más de 3.700 lotes incautados al narcotráfico, los cuales podrían transformarse en proyectos de vivienda de interés prioritario (VIP) y de interés social (VIS). Estos lotes representan una oportunidad invaluable para reducir el déficit de vivienda que enfrenta Cali, que actualmente afecta a más de 85.756 hogares (déficit cuantitativo: 11.531 hogares, 1.88%; déficit cualitativo: 74.225 hogares, 12.13%). La reutilización de estos terrenos no solo aliviaría la necesidad urgente de viviendas dignas, sino que también contribuiría a la regeneración urbana y al fortalecimiento del tejido social.
Al aprovechar estos lotes, también se presenta la oportunidad de integrar soluciones sostenibles y amigables con el medio ambiente en los proyectos de vivienda. Estas nuevas construcciones podrían incorporar elementos como jardines verticales, techos verdes y sistemas de recolección de agua de lluvia, ayudando a reducir las emisiones de CO2 y a mitigar los efectos del cambio climático. Invertir en técnicas de construcción sostenible no solo mejoraría la calidad de vida de los residentes, sino que también posicionaría a Cali como un modelo de desarrollo urbano responsable, comprometido con el bienestar ambiental.
Esta política debe estar respaldada por un firme compromiso de todas las entidades gubernamentales, en coordinación con el sector privado y las organizaciones sociales. La experiencia de otras ciudades que han enfrentado retos similares demuestra que, con una estrategia bien articulada y recursos adecuados, es posible transformar asentamientos informales en comunidades prósperas y seguras.
La falta de una política pública de reasentamientos en Cali es, en última instancia, una cuestión de derechos humanos. Cada día que pasa sin una solución efectiva es un día más en que cientos de familias permanecen en condiciones inaceptables, expuestas a riesgos que van desde deslizamientos hasta inundaciones, sin acceso a servicios básicos y sin la seguridad de un hogar digno.