Desde la sala de redacción, 35 años de periodismo
La toma del Palacio de Justicia
No me tocó cubrir la toma del Palacio de Justicia.
Ocurrió cinco años antes de que empezara mi carrera periodística.
Aun así, es uno de los hechos que más me ha marcado, no solo por su magnitud, sino por lo que representó para la justicia colombiana.
Manuel Gaona Cruz fue uno de los magistrados asesinados durante aquel ataque del M-19 en 1985. Esta semana me conmovió especialmente la entrevista con su hijo, Mauricio Gaona, quien ha dedicado su vida a investigar y mantener viva la memoria de su padre y de las víctimas, en un caso que a muchos les conviene olvidar.
Coincide, además, con la presentación de una página web que busca relatar su historia y conmemorar los cuarenta años de la tragedia.
La fecha llega en un contexto delicado: el presidente Gustavo Petro, antiguo miembro del M-19, lanza de manera sistemática críticas a la justicia y a los magistrados. Cuarenta años después, la historia vuelve a interpelarnos sobre el respeto a la justicia.
El magistrado que incomodó al poder
Manuel Gaona Cruz era un jurista formado en el Externado y doctorado en la Sorbona. En 1985 era magistrado ponente del tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos, la herramienta jurídica que más temía Pablo Escobar.
Su tesis, conocida como la intermedia, sostenía que el tratado era constitucional y debía mantenerse vigente. Esa posición lo convirtió en objetivo directo del Cartel de Medellín, que ya había declarado la guerra al Estado.
Durante los meses previos a la toma, Gaona y su familia recibieron amenazas, llamadas interceptadas y sufragios firmados por Los Extraditables.
El propio magistrado había denunciado esos hechos ante un juez penal el 2 de noviembre de 1985, apenas cuatro días antes del ataque.
La toma
A las 11:30 de la mañana del 6 de noviembre de 1985, un comando del M-19 ingresó al Palacio de Justicia disparando.
Mientras en el cuarto piso sesionaba la Sala Constitucional, el magistrado Manuel Gaona Cruz exponía su ponencia sobre la constitucionalidad del tratado de extradición.
En segundos, los pasillos se llenaron de fuego cruzado y de gritos. Gaona fue uno de los primeros en ser tomado como rehén.
Los testigos coinciden en que mantuvo la serenidad hasta el final. Intentó dialogar con los guerrilleros, pidió un cese al fuego y se negó a servirles de escudo humano. Su frase —“¡No, así no vamos a salir!”— quedó grabada como un acto de dignidad en medio del horror.
Los documentos confirman que fue asesinado por la espalda dentro del baño donde se refugiaban decenas de rehenes. Su cuerpo fue arrojado a las escaleras para que el Ejército lo viera.
En el desenlace de la tragedia también pesó la responsabilidad del Estado. La orden de retomar el edificio a cualquier costo derivó en un operativo militar sin coordinación civil ni protección de los rehenes.
El presidente Belisario Betancur, que había defendido la vía del diálogo, cedió ante la presión de los mandos militares.
El fuego cruzado y el uso de tanques en pleno centro de Bogotá sellaron el destino de decenas de las víctimas. La falta de protocolos, la confusión en la cadena de mando y la decisión de silenciar lo ocurrido fueron fallas institucionales que aún hoy pesan sobre la conciencia nacional.
En las décadas siguientes, el crimen se convirtió en un campo de disputa entre versiones y silencios. La historia oficial se fragmentó entre intereses políticos, pactos de silencio y la necesidad de borrar los vínculos entre el M-19 y el narcotráfico en torno a la extradición.
Narcotráfico y revolución: una alianza contra la justicia
El ataque al Palacio de Justicia fue la convergencia de dos fuerzas que, por razones distintas, querían debilitar el Estado.
Pablo Escobar y el Cartel de Medellín veían en la extradición su condena segura; el M-19, debilitado y en crisis interna, buscaba reposicionarse como actor político.
Ambos hallaron un enemigo común: la Corte Suprema de Justicia, donde se discutía la constitucionalidad del tratado de extradición.
Las pruebas documentales y testimoniales confirman que los Extraditables financiaron la toma. El propio magistrado Gaona había recibido amenazas directas firmadas por Escobar y denunció interceptaciones a su familia días antes del ataque.
En las cartas, el capo le advertía que su “posición jurídica tenía consecuencias”. Los sobrevivientes han repetido que cuando los guerrilleros ingresaron al Palacio, no pedían un diálogo de paz, pedían la anulación del tratado que permitía enviar a los narcos a los Estados Unidos.
Memoria, justicia y el deber de contar
La conmemoración de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia llega en un momento de especial tensión entre el poder Ejecutivo y la Rama Judicial.
El aniversario coincide con la presidencia de Gustavo Petro, quien fue miembro activo del M-19 y no ha dudado en ondear las banderas del movimiento en actos públicos.
Me pregunto cuál será la posición del mandatario el próximo 7 de noviembre. Actualmente, Petro no usa las armas para atacar el aparto judicial pero usa las palabras para debilitar la legitimidad de las instituciones.
La página conmemorativa recientemente lanzada es un documento que verdaderamente vale la pena explorar. En ella se recopilan documentos, testimonios y reconstrucciones forenses que buscan preservar la memoria de las víctimas y mantener viva la verdad del Palacio de Justicia. www.manuelgaonacruz.org
Lee Desde la sala de redacción: 35 años de periodismo es un proyecto que recorre la historia reciente de Colombia desde una perspectiva periodística.