Desde la sala de redacción, 35 años de periodismo

Procesos de paz en Colombia: entre la ilusión y la traición

viernes 4 de abril, 2025

Por: Rosa María Agudelo – Directora Diario Occidente

Los diálogos de paz han sido tan relevantes como el conflicto en mi carrera periodística.

Desde que inicié en el periodismo, he cubierto procesos de negociación que han generado esperanza, pero también frustración.

Colombia ha firmado acuerdos, desmovilizado guerrillas y apostado por la paz en repetidas ocasiones.

Sin embargo, la guerra nunca desaparece del todo. Grupos armados han aprovechado las treguas para fortalecerse, y la falta de control estatal ha permitido que nuevos actores ocupen los territorios dejados por las insurgencias desmovilizadas.

¿Qué nos ha dejado esta historia de diálogos y fracasos?

El acuerdo con el M-19 y las primeras negociaciones (1990-1994)

Cuando inicié mi práctica en Chivadeportes, Colombia vivía la transición tras el acuerdo de paz con el M-19.

Este proceso, firmado en 1990, fue una de las primeras experiencias exitosas de desmovilización en el país.

Poco después, el gobierno de César Gaviria impulsó la negociación con otros grupos insurgentes como el EPL y el PRT, logrando su desmovilización.

Sin embargo, estos acuerdos no trajeron la paz definitiva.

Mientras algunos sectores se reincorporaban a la vida civil, las FARC y el ELN continuaban su lucha armada, viendo la negociación como una traición a la causa insurgente.

El país entendió pronto que la paz parcial no bastaba. La guerra seguía viva.

El proceso del Caguán (1999-2002): el mayor error de la negociación

El proceso del Caguán estuvo condenado desde el principio. Desde la instalación de la mesa de negociación, las FARC demostraron que no estaban comprometidas con la paz.

La imagen de Andrés Pastrana esperando solo en la mesa, mientras Manuel Marulanda nunca llegó, fue la primera señal de un proceso destinado al fracaso.

El gobierno cedió a la guerrilla 42.000 km² de territorio en Caquetá y Meta con el argumento de facilitar el diálogo. Sin embargo, esta fue la mayor concesión que un gobierno colombiano haya hecho a un grupo armado.

Durante los tres años que duró el proceso, la inteligencia militar confirmó que las FARC utilizaron la zona para entrenar combatientes, aumentar el tráfico de armas y fortalecer su capacidad de ataque.

Mientras el gobierno insistía en que el proceso avanzaba, las FARC continuaban secuestrando, reclutando menores y atacando poblaciones.

El punto de quiebre llegó en el 2001, cuando las FARC exigieron una nueva zona de despeje en Florida y Pradera (Valle del Cauca).

La solicitud generó un rechazo absoluto en el gobierno regional y en la sociedad. La entrega de estos municipios habría significado la expansión de su dominio en el suroccidente del país, afectando directamente a una región estratégica y altamente poblada.

El 20 de febrero de 2002, el proceso llegó a su fin cuando las FARC secuestraron al senador Eduardo Gechem Turbay en pleno vuelo comercial.

Ese mismo día, Pastrana ordenó la retoma militar de la zona de despeje y dio inicio a la ofensiva militar más fuerte contra la guerrilla en décadas.

Para muchos, el fracaso del Caguán selló el destino de las FARC. A partir de ese momento, comenzó su derrota militar y el inicio de su camino hacia la negociación final más de una década después.

La desmovilización silenciosa de los paramilitares (2003-2006)

El proceso de desmovilización de las AUC se llevó a cabo en Santa Fe de Ralito, durante el gobierno de Álvaro Uribe. Estas negociaciones no generaron apoyo ciudadano.

El paramilitarismo era percibido como una organización criminal sin ideología, lo que redujo la legitimidad del proceso. A cambio de su desmovilización, los combatientes recibieron beneficios jurídicos bajo la Ley de Justicia y Paz, pero la reincidencia fue alta.

Años después, la extradición de Salvatore Mancuso y otros líderes paramilitares eliminó la posibilidad de esclarecer muchas verdades sobre su relación con el Estado.

Lejos de desaparecer, la violencia continuó en zonas donde no hubo una presencia efectiva del Estado.

La desmovilización de las AUC no erradicó el paramilitarismo; solo lo transformó en otras estructuras criminales.

El Acuerdo de Paz con las FARC (2012-2016): ¿esperanza o desconfianza?

Cuando Juan Manuel Santos anunció el inicio de diálogos con las FARC en La Habana en 2012, el país quedó dividido.

Mientras un sector de la población celebró la posibilidad de poner fin a la guerra con la guerrilla más antigua del continente, otro vio con escepticismo el proceso, considerando que se estaban concediendo demasiados beneficios a los insurgentes.

Durante cuatro años, las negociaciones avanzaron en medio de un ambiente tenso. Mientras el gobierno aseguraba que el acuerdo traería estabilidad, las FARC continuaban con atentados, extorsiones y reclutamiento de menores.

Las imágenes de los jefes guerrilleros en La Habana, con gestos arrogantes y sin mostrar un ápice de arrepentimiento, alimentaron la desconfianza.

El plebiscito del 2 de octubre de 2016, convocado para que la ciudadanía aprobara el acuerdo, terminó reflejando esa división.

Contra todo pronóstico, el No se impuso con el 50,2% de los votos, mientras el Sí obtuvo el 49,7%. Fue un resultado inesperado que obligó al gobierno a renegociar algunos puntos del acuerdo.

Sin embargo, lejos de acatar el resultado de las urnas, Santos siguió adelante con la firma del acuerdo, introduciendo modificaciones mínimas.

La implementación del Acuerdo de Paz trajo consigo nuevas problemática. Más de 13.000 integrantes de las FARC se desmovilizaron tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, según cifras de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Sin embargo, el Estado no logró consolidar el control territorial en las zonas que abandonaron las FARC. En esas regiones, grupos como las disidencias de la guerrilla, el ELN y las bandas criminales ocuparon el vacío de poder.

Según datos de 2019, aproximadamente 2.000 excombatientes de las FARC habían retomado las armas, lo que representa alrededor del 15% de los desmovilizados

El resultado fue una paz incompleta. Se logró la desmovilización de un actor del conflicto, pero la violencia persistió con nuevos protagonistas.

Sin Paz Total: una estrategia sin resultados claros

Gustavo Petro llegó al poder con la promesa de lograr la paz en Colombia en un plazo de tres meses. Su estrategia se basó en la negociación simultánea con todos los actores armados, incluyendo el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.

Sin embargo, más de dos años después, el proceso ha demostrado ser ineficaz y riesgoso, permitiendo el fortalecimiento de estas organizaciones en varias regiones del país.

El cese al fuego bilateral, una de las primeras medidas del gobierno, fue aprovechado por los grupos ilegales para expandir su control territorial sin la presión de las Fuerzas Armadas.

Mientras el gobierno insiste en que el diálogo es la vía para lograr la pacificación del país, el ELN ha continuado con ataques, secuestros y extorsiones, las disidencias de las FARC han aumentado su capacidad operativa y el Clan del Golfo ha consolidado su dominio en varias regiones estratégicas.

La violencia sigue golpeando zonas como el Catatumbo, Arauca, el Cauca y Nariño, donde comunidades enteras han quedado atrapadas en un conflicto que el Estado no ha logrado contener.

En algunas regiones, la población se siente más indefensa que antes, pues la estrategia del gobierno ha reducido la presencia militar sin ofrecer una alternativa real de protección.

Más que reducir la violencia, la Paz Total ha permitido su transformación. En lugar de enfrentar directamente a los grupos armados, el Estado ha optado por sentarse a negociar sin imponer condiciones claras.

El resultado es un país donde el poder de los ilegales sigue en ascenso y la seguridad de la población sigue siendo una deuda pendiente.

Desde la posesión del presidente Gustavo Petro el 7 de agosto de 2022 hasta el 28 de diciembre de 2024, Colombia registró 188 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) Además, durante el año 2023, se documentaron 94 masacres en el país, con un total de 320 víctimas mortales.

Estos datos reflejan la persistencia de la violencia en el país durante el actual gobierno, a pesar de los esfuerzos por implementar políticas de paz.

Colombia, ¿un país condenado a la guerra?

Colombia parece atrapada en un ciclo interminable de violencia.

Firmamos acuerdos de paz, pero la guerra persiste. Cada vez que un grupo armado deja las armas, otro ocupa su lugar.

Mientras las economías ilegales sigan financiando grupos armados, la paz será una ilusión.

La implementación irregular de los acuerdos de paz, sumada a la corrupción y el clientelismo en el manejo de los recursos para el posconflicto, perpetúa el conflicto.

La paz no es un documento firmado en un teatro de lujo. Es un compromiso real con las comunidades afectadas por la guerra.

Colombia no está condenada a la guerra, pero mientras el Estado siga ausente en las regiones más golpeadas, el conflicto siempre encontrará la manera de resurgir.

Lee Desde la sala de redacción: 35 años de periodismo es un proyecto que recorre la historia reciente de Colombia desde una perspectiva periodística.

A través de 35 crónicas, el autor reflexiona sobre hechos clave como la Constitución del 91, el narcotráfico y los procesos de paz, con el objetivo de entender su impacto en la sociedad.

Más que narrar, busca cuestionar y aprender de la historia vivida.