La memoria exige responsabilidad integral, no relatos acomodados.
Cuarenta años después, la verdad no admite reinterpretaciones
La conmemoración de los cuarenta años de la tragedia del Palacio de Justicia reabre un debate profundo sobre la verdad histórica.
Este episodio, que marcó un antes y un después en el país, vuelve a aparecer en el escenario público en medio de un riesgo: la tentación de reinterpretarlo según intereses políticos del presente.
Es necesario recordar que la verdad ya se construyó con testimonios, documentos y decisiones judiciales.
La sociedad no puede permitir que el relato cambie para ajustar culpas o absoluciones convenientes, pues el dolor de las víctimas exige rigor y responsabilidad.
La Comisión de la Verdad escuchó a todos los actores y ofreció conclusiones claras. Señaló que el presidente Belisario Betancur no ordenó la retoma, aunque perdió el control civil.
Indicó que el Ejército actuó bajo una doctrina de seguridad nacional sin límites humanitarios. También estableció que el M-19 cruzó una frontera ética irreparable al asaltar el máximo tribunal de justicia.
Esta acción inicial de la guerrilla provocó la cadena de acontecimientos posteriores. Ese punto es fundamental y no puede diluirse.
Además, la participación del narcotráfico estuvo presente. Pablo Escobar financió la operación buscando beneficios judiciales y desestabilización institucional, ese un dato histórico y verificable.
Sin embargo, mientras responsables directos del asalto recibieron amnistías, varios militares cumplen condenas sin un debate equilibrado sobre proporcionalidad y contexto. Reconocer esta tensión no implica exonerar, implica mirar la totalidad del cuadro.
Recordar con rigor no significa abrir heridas, sino impedir que se deforme la historia. La memoria colectiva solo se sostiene si el país acepta todas las responsabilidades, sin invertir los hechos ni convertir víctimas en culpables.
La historia no puede ser un campo de disputa electoral, sino un compromiso ético con la verdad.