A blindar las elecciones
Los antecedentes del Valle del Cauca en los últimos procesos electorales, en los que hubo serios indicios de fraudes, obligan a las autoridades a redoblar esfuerzos para garantizar que los resultados de las votaciones del 9 de marzo reflejen en verdad la voluntad del electorado y no sean producto de trampas.
Cuatro años atrás, en las elecciones legislativas de 2010, fue necesario el traslado a Bogotá de los escrutinios de diez municipios vallecaucanos, debido a las irregularidades denunciadas, y ni qué decir de las dudas que quedaron tras las elecciones ordinarias de gobernador en octubre de 2011 y el escándalo por el supuesto fraude frustrado en las atípicas de 2012.
Sin embargo, lo que menos debe preocupar en el caso del Valle es el procesamiento de la información, pues el sistema montado para tal fin es confiable; el mayor riesgo es previo al cierre de las urnas y tiene que ver con los delitos electorales.
Según la Misión de observación electoral, MOE, en el Valle del Cauca hay 23 municipios, el 55%, en riesgo de interferencia en las elecciones por violencia. En el mismo informe la entidad dice que el riesgo de fraude en el Departamento es del 7%.
Con los antecedentes, los datos de la MOE y las denuncias de posibles fraudes que algunos candidatos están haciendo con más de tres semanas previas, las autoridades deben emprender un plan de vigilancia intenso, pues ninguna información puede subestimarse cuando se trata de garantizar la transparencia electoral.
En este propósito los ciudadanos juegan un papel fundamental, pues son quienes permiten o impiden que los ilícitos electorales se realicen. La defensa de las elecciones contra actores ilegales es lógica, pues son enemigos de la democracia, pero resulta decepcionante que también se deban cuidar de los propios candidatos y los ciudadanos.