Obligar a miles de colombianos a financiar sistemas de transporte que no utilizan sería un atropello del gobierno
¿A pagar por el MIO en el recibo de la luz?
La propuesta de financiar los sistemas de transporte masivo a través de un cobro adicional que pagarían los hogares en el recibo de la energía es una pésima noticia para los colombianos, más en este momento de inflación e inminente recesión económica.
El presidente Gustavo Petro planteó lo siguiente: “Una idea para las ciudades con transporte público masivo: ¿Y si pagáramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los días y durante el tiempo que sea?”
Los cálculos iniciales indican que la “pequeña cuota” de la que habla el presidente podría estar, dependiendo de la ciudad, entre los $70 mil y los $140 mil mensuales, lo que, claramente, iría en detrimento de las finanzas de los hogares.
Meterle la mano al bolsillo de los colombianos de esta manera es una irresponsabilidad mayúscula y, aunque el ministro de Transporte, William Camargo, sostenga que la propuesta es viable jurídicamente, vale la pena revisar su constitucionalidad, al obligar a millones de colombianos a financiar sistemas de los que no son usuarios. Sin duda, es un atropello, más si se tiene en cuenta que quienes se transportan en vehículos particulares, sean motos o carros de cualquier gama, pagan sobretasas al combustible e impuestos de rodamiento.
En el caso de Cali, los problemas del MIO no tienen su origen en la incapacidad de pago de los usuarios, sino en su mal servicio, por problemas de frecuencia y de cobertura, que empujaron a miles de caleños hacia el transporte informal, en el que pagan más.
Claro que al transporte público hay que buscarle fórmulas, pero pretender la gratuidad a partir de imponer más cargas a los colombianos, es desconsiderado e indolente.