La elección del contralor de Cali reabre el debate sobre la independencia y el uso político del control fiscal.
Los órganos de control no pueden ser botines políticos
La disputa entre la Alcaldía de Cali y el Concejo por la elección del próximo contralor distrital es una muestra más de una práctica que se repite en todo el país.
Cada vez que se designa a un jefe de un órgano de control, surge una pugna entre gobiernos que quieren tener aliados que “hagan pasito” y opositores que buscan convertir el control fiscal o disciplinario en un instrumento de presión política.
En ambos casos, se pierde de vista lo esencial: estos cargos no deben servir para proteger ni perseguir a nadie, sino para garantizar la transparencia y la vigilancia de los recursos públicos.
En Colombia, las contralorías territoriales —departamentales, distritales y municipales— tienen la misión constitucional de ejercer el control fiscal sobre la gestión de las administraciones locales y de los particulares que manejen bienes o fondos públicos.
La Carta Política establece que deben actuar con autonomía administrativa, presupuestal y contractual, de modo que puedan cumplir su labor sin interferencias políticas.
Son, en esencia, entidades técnicas llamadas a vigilar el uso del dinero público con independencia y rigor, pilares indispensables para sostener la confianza en las instituciones.
Sin embargo, lo que se observa en Cali refleja lo contrario: presiones cruzadas, intentos de interferencia y cálculos políticos que desnaturalizan el propósito de la Contraloría Distrital.
El Concejo debe elegir al mejor perfil, al más idóneo, sin que importe su filiación ni cercanía con los concejales.
La administración, por su parte, debe permitir que el proceso se adelante sin buscar injerencia ni condicionar los resultados. Solo así el control fiscal tendrá legitimidad y sentido.
Cuando los órganos de control se transforman en cuotas de poder, el equilibrio institucional se quiebra.
La independencia se diluye, la fiscalización se vuelve selectiva y los ciudadanos pierden la garantía de que sus recursos se administran correctamente.