El presidente debe entender que en un sistema democrático, el gobierno debe respetar las decisiones de los otros poderes públicos
¿Amenazas a la democracia?
La preocupación que dejó el discurso pronunciado por el presidente Gustavo Petro desde el balcón de la Casa de Nariño el pasado 1 de mayo es comprensible, pues varios de sus anuncios representan graves amenazas para el equilibrio democrático colombiano y para la tranquilidad del país.
Llamar a la ciudadanía a salir a las calles para presionar la aprobación de las reformas es una irresponsabilidad mayúscula, primero, porque puede derivar en alteraciones del orden público y, segundo, porque desconoce la institucionalidad nacional.
El presidente de la República debe ser el garante de la seguridad y la tranquilidad de todos los ciudadanos, por eso, cuando se tiene un antecedente tan nefasto como el estallido social de 2021, es demasiado peligroso que sea el propio mandatario quien convoque a movilizaciones que podrían terminar mal.
Si los simpatizantes de Petro salen a la calle y nuevamente bloquean, vandalizan y agreden, ¿cuál sería el papel de su gobierno y de la fuerza pública? ¿Quién garantizaría los derechos de los ciudadanos que no participen de esto?
Más grave aún es que el presidente trate de pasar por encima del Congreso de la República para lograr la aprobación de sus reformas. Si el mandatario quiere insistir en sacar adelante las transformaciones que propone, debe hacerlo a través de la vía institucional, lo contrario equivaldría a imponerlas, y eso, claramente, no es democrático.
El gobierno fue elegido por voto popular, claro, pero el Congreso también; en ese sentido, el primero debe buscar el consenso para sacar adelante sus iniciativas adelante y cuando esto no se dé, debe aceptar la decisión del legislativo, cuya obligación no es aprobar ni tampoco hundir proyectos porque sí, sino definir lo que considere más conveniente para el país. La supervivencia de una democracia se basa en el respeto del equilibrio de los poderes públicos.