¿Por qué, pese a la gravedad de lo que ocurre en este departamento, el gobierno no actúa con contundencia?
El Cauca, en la mira de las disidencias y abandonado por el gobierno
La arremetida terrorista que sacude al departamento del Cauca desde la semana pasada deja en evidencia una realidad que ya no se puede seguir ignorando.
El hostigamiento en Jambaló, los ataques en la vía Panamericana, los explosivos lanzados en varios municipios y el secuestro del hijo del cantante Giovanni Ayala y su manager son parte de un mismo patrón: los grupos criminales actúan con libertad mientras el Estado se mantiene ausente.
Por cuenta de esta combinación de violencia creciente y abandono institucional, las comunidades están hoy sometidas a estructuras armadas que operan sin freno.
El departamento sufre una presión simultánea. Por un lado, los grupos ilegales buscan conservar a sangre y fuego un territorio que es estratégico para los cultivos ilícitos, el procesamiento de drogas y las rutas hacia el Pacífico.
Por otro lado, el gobierno nacional mantiene una pasividad que resulta incomprensible.
Es tan grave la situación que el gobernador Octavio Guzmán solicitó militarizar la vía Panamericana para garantizar la seguridad vial hacia el sur del país, pero esa solicitud, obvia en cualquier política de protección ciudadana, no ha sido acogida por el gobierno nacional.
Paradójicamente, la situación en este departamento ha empeorado por decisiones del gobierno nacional que en estos tres años han facilitado la expansión de las estructuras armadas.
Los “ceses bilaterales”, que solo cumplió la Fuerza Pública, redujeron de facto la capacidad operativa del Estado.
La suspensión de bombardeos dio aire a los cabecillas. La disminución del presupuesto en seguridad debilitó capacidades que eran esenciales para contener el avance criminal.
En este contexto, el Cauca quedó solo frente a organizaciones que combinan terrorismo, narcotráfico y extorsión, y que hoy tienen mayor control territorial que antes.
El Cauca necesita operaciones militares sostenidas y una política que recupere el control para el Estado.
Lo ocurrido en estos días muestra que las amenazas de alias “Iván Mordisco” van en serio y, si el gobierno nacional no actúa, al final del mandato de Gustavo Petro este departamento será una especie de “república independiente” de las organizaciones criminales.