Los ataques a tractomulas muestran el retroceso en seguridad y la inacción del Gobierno Nacional.
El regreso del miedo a la vía a Buenaventura
Los hechos ocurridos en la vía a Buenaventura este 16 de julio, no pueden entenderse como un hecho aislado, pues son, en realidad, una alarma encendida que confirma el retroceso de tres décadas en materia de seguridad que vive Colombia.
La quema de seis vehículos de carga, el uso de explosivos y el ataque armado contra un conductor, son señales claras de que los grupos criminales están recuperando control en una de las rutas más estratégicas del país.
Lo simbólico agrava lo real: esta carretera fue durante los años 90 escenario de secuestros masivos, asaltos y atentados.
Solo a partir del año 2002 se logró recuperar la vía, gracias a una ofensiva militar que garantizó el tránsito seguro de mercancías hacia el principal puerto del Pacífico.
Dos décadas después, este nuevo atentado revive temores que parecían superados y plantea una inquietante pregunta: ¿Qué espera el Gobierno Nacional para actuar?
Lo ocurrido, además, representa un golpe brutal a la economía del Pacífico. Justo cuando inicia la temporada de avistamiento de ballenas, una época crucial para el turismo en Buenaventura y los municipios costeros, es inaceptable que criminales sin nombre ni calificativo siembren el terror en una vía clave.
Miles de familias dependen de la llegada de turistas para subsistir, y el país debería estar brindando todas las garantías para que los visitantes viajen seguros, no permitiendo que el miedo imponga la ruta.
Las autoridades locales han respondido con rapidez y compromiso. La Gobernación del Valle del Cauca y los alcaldes de los municipios afectados han hecho lo posible por contener el avance de los violentos.
Pero el problema es más profundo, y la solución depende de una decisión que aún no llega: que el presidente Gustavo Petro, como comandante en jefe de la Fuerza Pública, dé una orden clara para enfrentar con contundencia a estos grupos ilegales.
No basta con investigaciones ni con presencia temporal del Ejército. Se requiere una política de seguridad firme, coherente y respaldada con recursos.
Porque si no se toma una acción decidida, los atentados se repetirán, las economías se verán afectadas y la ciudadanía volverá a vivir bajo el miedo. Y eso sería imperdonable.