Los cierres simultáneos en la vía al mar y la Panamericana reflejan el deterioro del orden público y la pasividad del Estado.
El suroccidente no puede vivir bloqueado
Lo ocurrido esta semana en el suroccidente colombiano, con bloqueos simultáneos en la vía a Buenaventura y en la Panamericana entre Cauca y Nariño, muestra la gravedad del problema.
Las dos rutas más importantes para el comercio y la conectividad del país se encuentran paralizadas, afectando el abastecimiento, el transporte, el turismo y la vida cotidiana de miles de personas.
Es un escenario que se repite una y otra vez, hasta el punto de haberse convertido en parte del paisaje nacional.
Pero no puede normalizarse lo que destruye la economía y vulnera los derechos de todos.
Excusándose en el derecho a la protesta, se altera la movilidad, se impide el trabajo de los transportadores, se encarecen los alimentos y se interrumpe el acceso a servicios básicos.
La protesta es un derecho legítimo, pero los bloqueos son un abuso que afecta a inocentes y daña a toda la región. Cada cierre de la Panamericana o de la vía al mar implica pérdidas millonarias, productos dañados y familias atrapadas. En medio de este caos, el Estado parece un simple espectador.
El llamado de los gremios del Valle, Cauca y Nariño es razonable y urgente: el Gobierno Nacional debe garantizar el derecho a la libre circulación con la misma fuerza con la que protege el derecho a la manifestación.
No se puede seguir usando la parálisis como método de presión, ni seguir premiando a quienes imponen sus reclamos bloqueando las arterias económicas del país.
El derecho de unos no puede significar el sacrificio de los demás, por lo tanto, la institucionalidad no puede seguir cediendo frente a quienes encuentran en el bloqueo una herramienta para negociar.