Los cabildos abiertos deben ser espacios para construir desde la diferencia, no para imponer
Hay que bajar el tono y buscar acuerdos
Este lunes 19 de mayo, el presidente Gustavo Petro participará en un cabildo abierto en Barranquilla. La Constitución de 1991 reconoce esta figura como un mecanismo legítimo de participación ciudadana, diseñado para abrir espacios de deliberación pública sobre asuntos de interés colectivo.
Bienvenidos sean, entonces, todos los escenarios donde la ciudadanía pueda expresarse libremente, exponer inquietudes y proponer soluciones, siempre y cuando se haga de manera pacífica.
Es importante tener claro que los cabildos abiertos, aunque valiosos, no tienen efectos jurídicos vinculantes. Su fuerza radica en el mensaje que transmiten, en su capacidad de convocar a la ciudadanía y en su contribución al diálogo democrático.
No son escenarios para tomar decisiones de gobierno ni pueden sustituir los trámites legislativos del Congreso o los controles constitucionales. Confundir su naturaleza deliberativa con un poder decisorio sería alimentar falsas expectativas y generar frustración.
La reforma laboral, el tema que motivó esta serie de cabildos, no está muerta, por el contrario, luego de ser archivada por la Comisión Séptima, fue revivida por la plenaria del Senado y hoy se tramita en la Comisión Cuarta.
Esta es una nueva oportunidad para concertar. Gobierno, Congreso, gremios, sindicatos y ciudadanos deben sentarse con disposición al acuerdo, sin afanes de imponer posiciones.
En medio de la tensión política, es clave no perder de vista que el poder democrático se ejerce con reglas claras y escenarios definidos.
La Constitución y la ley fijan los límites y las rutas y, si el objetivo es construir país, el reto de quienes hoy se movilizan debe ser demostrar que sí es posible deliberar sin violencia, disentir sin ofender y participar sin dividir.