Este no es un problema de Emcali, es una crisis causada por quienes alientan y permiten la ocupación ilegal de tierras.
La falta de agua y las invasiones en Cali
Las protestas por el desabastecimiento de agua en las comunas 18 y 20 de Cali no se explican sólo por el intenso verano que seca el cauce del río Meléndez.
Detrás del problema hay un factor estructural más profundo: décadas de permisividad frente a las invasiones, que hoy multiplican los efectos de la crisis climática y agravan la presión sobre los servicios públicos.
El río Meléndez, que alimenta el acueducto de la Reforma encargado de abastecer estas zonas, ha visto reducido drásticamente su caudal.
En condiciones normales supera los 700 litros por segundo, pero en época de sequía apenas alcanza los 180 litros por segundo, cuando la demanda supera los 550.
Esta brecha obliga a las Empresas Municipales de Cali a implementar planes rotativos, enviar carrotanques y operar maniobras técnicas, aunque sus capacidades sean limitadas.
El problema se agrava porque muchas de las viviendas que hoy exigen agua fueron construidas en zonas invadidas, sin planeación ni autorización.
Allí no existe infraestructura legal, ni redes diseñadas para prestar el servicio. Por norma, Emcali no puede extender sus sistemas de acueducto a zonas que no estén reconocidas como parte del perímetro urbano ni a predios que no han sido legalizados.
En consecuencia, la empresa carga con la presión social, pero la raíz del conflicto no es su responsabilidad, sino la histórica permisividad con la ocupación ilegal del suelo.
Las invasiones no solo implican urbanismo desordenado. También generan riesgos de deslizamientos, afectan las zonas de protección de los ríos, se convierten en focos de criminalidad y, como ahora, producen crisis sociales difíciles de atender.
Permitirlas resulta costoso: primero por el descontrol territorial, y luego porque su eventual normalización demanda inversiones altas y lentas.
Cali necesita actuar con firmeza y sin titubeos contra el fenómeno de la ocupación ilegal de tierras. La recuperación de predios invadidos debe continuar, pero también es urgente impedir nuevas ocupaciones y reforzar la política de vivienda.
El caso de las comunas 18 y 20 demuestra que la ciudad paga caro la tolerancia con las invasiones.