Las invasiones generan desorden urbano, inseguridad y ocupación de zonas de alto riesgo.
Cali debe frenar las invasiones antes de que sea tarde
La ocupación ilegal del territorio en Cali, en forma de asentamientos subnormales, es un problema estructural que por años se ha ignorado.
La ciudad creció desordenadamente, sin planificación y con una permisividad institucional que permitió incluso la ocupación de zonas de alto riesgo, como el jarillón del río Cauca y las laderas inestables.
El caso de Alto Menga confirma que el problema no solo persiste, sino que está fuera de control. Lo ocurrido esta semana en el CAM, donde moradores de este sector de invasión protestaron por la falta de suministro de agua potable, muestra cómo este tipo de asentamientos terminan derivando en conflictos sociales difíciles de manejar.
Las empresas de servicios, como Emcali, no pueden atender legalmente a estos sectores por su condición de ilegalidad. Y aunque la necesidad de agua es real y urgente, también lo es el problema de fondo: la ocupación del suelo urbano sin normas, sin servicios y sin seguridad.
Desde el urbanismo, los asentamientos informales no solo representan precariedad habitacional, sino un obstáculo técnico y económico para el desarrollo sostenible.
Estos barrios surgen en zonas no aptas para urbanizar, con riesgos geológicos, sin vías adecuadas y sin redes de servicios básicos.
En vez de integrarse a la ciudad, se convierten en focos de segregación, desorden y muchas veces de inseguridad.
La ciudad debe actuar. Cali no puede seguir permitiendo que se imponga la cultura de la invasión. Las autoridades locales deben prevenir nuevas ocupaciones, intervenir donde ya existen y castigar las invasiones promovidas con fines de lucro.
Permitir que las invasiones sigan avanzando es renunciar a la posibilidad de una ciudad ordenada, segura y equitativa.