Cali, homicidios y plan desarme
La matanza de ocho personas el viernes pasado en un establecimiento nocturno del oriente de Cali reabrió el debate sobre el plan desarme, pues quienes promueven la medida salieron a reclamar su aplicación para contrarrestar el creciente incremento de homicidios en la ciudad.
Sin embargo, en la misma matanza hay un dato que demuestra que el plan desarme no es la solución: el arma con la que se cometió el múltiple homicidio era ilegal y, como agravante, había sido incautada por la Policía en tres oportunidades.
Esto evidencia dos cosas: primero, que los delincuentes no necesitan salvoconducto para actuar, por lo tanto un decreto que prohíba o restrinja el porte de armas no los frenará, y, segundo, y más grave aún, el hecho de que un arma sea decomisada por las autoridades no evita que vuelva a manos de los delincuentes.
Desde esta tribuna de opinión siempre se ha sostenido que el estado ideal en este tema es tener una ciudadanía completamente desarmada; sin embargo, para que esto sea realidad es necesario que las autoridades garanticen la seguridad, y eso es algo que en este momento no pasa en Cali, ciudad en la que los homicidios se han incrementado el 12% en lo corrido del año.
Lo que se requiere es que las autoridades persigan el porte ilegal de armas; detecten los casos de bandidos que las portan legalmente, que no son pocos, y establezcan mecanismos para evitar que, vía corrupción, miembros de la Fuerza Pública sigan entregando armas legales e ilegales a los criminales.
De fondo, es necesario que se reconozca que el problema de seguridad de la ciudad sigue siendo el narcotráfico, la subsistencia de la cultura traqueta y la conformación de carteles de barrio que se disputan el control del microtráfico y la extorsión. Tal vez ahí, las autoridades, que no saben qué hacer, encuentren el camino a seguir.