La crisis humanitaria en Chocó requiere una respuesta firme del Estado en todo sentido.
Chocó: entre inundaciones, indolencia y ausencia estatal
El departamento del Chocó enfrenta una situación crítica: las inundaciones han afectado a 27 de los 31 municipios, dejando a más de 150 mil personas sin hogar.
En este contexto de emergencia, el paro armado del ELN en la región agrava aún más el sufrimiento de miles de familias que claman por ayuda.
La guerrilla impuso restricciones que dificultan la entrega de asistencia humanitaria, y lo paradójico es que, en vez de actuar con firmeza, el gobierno nacional parece implorar a este grupo armado ilegal que suspenda el paro para permitir el ingreso de ayuda a las comunidades.
El llamado de la Defensoría del Pueblo es claro y desesperado: “La población tiene el derecho a vivir en paz. Hacemos un nuevo llamado urgente al ELN para que permita este acceso humanitario sin restricciones en estos territorios para atender las necesidades críticas de estas comunidades”.
Sin embargo, resulta irónico que la autoridad del Estado se reduzca a ruegos, cuando la situación exige acciones contundentes que demuestren presencia estatal y control territorial.
Que el gobierno siga promoviendo su política de “paz total” y diálogo con una organización que no da muestras reales de querer la paz, sólo profundiza el escepticismo y el rechazo de muchos colombianos hacia una estrategia de seguridad que, lejos de brindar estabilidad, ha permitido que grupos armados amplíen su influencia territorial.
Chocó, que otorgó a Gustavo Petro el 81% de sus votos en la segunda vuelta presidencial, enfrenta hoy un panorama en el que la promesa de cambio se ha traducido en un vacío de autoridad.
Hoy, el Chocó está en medio de la inclemencia de la naturaleza, la indolencia de la guerrilla y la incompetencia de un gobierno que no tiene el control territorial del departamento.