El aumento de cultivos ilícitos refleja el fortalecimiento de los criminales y la renuncia del gobierno a enfrentarlos.
La cocaína crece y el Estado retrocede
La producción mundial de cocaína alcanzó un récord histórico en 2023, y Colombia fue protagonista del deshonroso aumento.
Según la ONU, nuestro país pasó de 230 mil a 253 mil hectáreas de coca sembrada en un solo año, lo que elevó en 50% la producción estimada. No se trata solo de cifras, es una realidad que se traduce en más violencia, más control territorial de grupos armados y más sufrimiento para miles de comunidades.
Este no es un fenómeno aislado ni accidental, sino la consecuencia directa de una política de seguridad que debilitó al Estado.
La estrategia de los mal llamados ceses bilaterales concedidos por el presidente Gustavo Petro, y que sólo cumple la Fuerza Pública, el freno a la erradicación de cultivos y la falta de acción frente al avance criminal generaron un escenario perfecto para que las organizaciones ilegales se expandieran, consolidaran rutas y aumentaran su capacidad de producción.
Hoy, la cocaína fluye más, y con ella, la violencia. La expansión de los cultivos ilícitos en Colombia no solo alimenta el crimen transnacional, sino que fortalece a quienes desde el territorio extorsionan, reclutan menores, desplazan comunidades y asesinan a quienes se les oponen.
Lo más grave es que el gobierno, en lugar de enfrentar con firmeza esta amenaza, insiste en fórmulas ineficaces como la concertación con quienes imponen su poder con armas.
Los campesinos terminan amenazados, la Fuerza Pública maniatada y los violentos envalentonados.
Colombia necesita una política seria, decidida, que recupere el control del territorio, proteja a su gente y frene el crecimiento del narcotráfico.
Lo contrario es seguir retrocediendo mientras los criminales avanzan.