¿Concertación sólo con los ilegales?

Resulta paradójico y muy preocupante que mientras el presidente Gustavo Petro se muestra dispuesto al diálogo y a la negociación con todo tipo de actores ilegales, tenga una actitud muy diferente cuando se trata de hablar con los representantes de sectores que están dentro de la institucionalidad a la hora de concertar proyectos y políticas que son estructurales para el país.

Lo ocurrido con la fallida reforma a la salud, lo mismo que con la pensional y la laboral muestra cómo al actual gobierno le cuesta incorporar visiones distintas a la suya. La actitud frente a los gremios, el sector privado y la academia es displicente, en contraste con la atención y la disposición que se muestra frente a las guerrillas, las bandas criminales y la delincuencia común. Y ni qué decir del maltrato a alcaldes y gobernadores, que se quejan de la nula interlocución entre el presidente de la República y los mandatarios territoriales.

Todo esto encierra un mensaje inconveniente, pues queda la percepción de que para ser escuchado y atendido por el gobierno colombiano hay que estar por fuera de la ley.

Involucrar al mayor número de actores en las decisiones trascendentales para el país asegura que estas reflejen los intereses y preocupaciones de diferentes segmentos de la sociedad, aumenta la legitimidad de las medidas tomadas y refuerza la percepción de que el gobierno está trabajando en beneficio de todos.

No se trata de que el presidente tenga que someter todas sus decisiones a aprobación, sino de aprovechar conocimientos y experiencias que pueden enriquecer el proceso de diseño y ejecución de las reformas, pues al basarse exclusivamente en el modelo ideológico que profesa, deja por fuera demasiadas visiones con las que podría validar, refutar o mejorar sus tesis.

La reunión con el Consejo gremial, realizada este miércoles, es un buen primer paso, ojalá se avance en esta dirección.

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