El colapso ya no es un riesgo, comienza a ser una realidad
El “chuchuchú” está asfixiando al sistema de salud
La suspensión de los servicios para los usuarios de la Nueva EPS en la Clínica Versalles de Cali, por falta de pago, es la más reciente evidencia de que el sistema de salud colombiano se encuentra en su punto más crítico.
Lo que está ocurriendo no es un accidente, ni una crisis súbita: es el resultado directo de las decisiones del gobierno del presidente Gustavo Petro, que en lugar de corregir los errores heredados, los profundizó.
Este caso refleja una cadena de desfinanciamiento que hoy golpea a usuarios, médicos y hospitales en todo el país.
Lo más grave es que mientras miles de pacientes se quedan sin atención, el gobierno insiste en negar la dimensión del problema y en culpar a los gobiernos anteriores, cuando ya lleva tres años y dos meses en el poder.
El “chuchuchú” del presidente, esa metáfora con la que anunció su propósito de desmontar el sistema de aseguramiento, dejó de ser discurso y se convirtió en política.
Aunque el Congreso hundió la reforma a la salud por su inviabilidad, el gobierno decidió continuar por la vía de los hechos: asfixiar financieramente a las EPS.
Al no girar oportunamente los recursos, al generar incertidumbre jurídica y al fragmentar las rutas de atención, está cumpliendo el objetivo de acabar con ellas sin asumir la responsabilidad directa del colapso.
Siete exministros de Salud (Juan Luis Londoño, Augusto Galán, Jaime Arias, Diego Palacio, Mauricio Santa María, Alejandro Gaviria y Fernando Ruiz) advirtieron en un comunicado conjunto que el deterioro del sistema no es producto de errores administrativos, sino de una acción deliberada.
Señalaron que las decisiones gubernamentales están debilitando los pilares del modelo: la cobertura, la sostenibilidad, la calidad y la articulación entre prestadores y aseguradores.
Esa advertencia, lejos de ser una postura política, es una alerta técnica respaldada por décadas de experiencia.
La falta de diálogo, la improvisación y el debilitamiento institucional están minando la red de atención y poniendo en riesgo derechos fundamentales. Lo que está en juego no son cifras, sino vidas.