Una crisis humanitaria que el gobierno no ve

La crisis humanitaria que golpea al suroccidente colombiano no admite eufemismos ni silencios.

Según datos recientes de Acnur, más de 6.900 personas han sido víctimas del conflicto armado solo en lo corrido de este año en departamentos como Cauca y Valle del Cauca; otras 16.000 han estado confinadas, y más de 2 millones han sido desplazadas históricamente en esta región, donde el 69% de los afectados pertenece a comunidades afrodescendientes e indígenas.

Lo más grave y desconcertante es que, frente a este drama, el gobierno nacional optó por la negación, el discurso vacío y la inacción.

Mientras las comunidades sufren, el Ejecutivo sigue otorgando beneficios a estructuras criminales y restringiendo el accionar de las fuerzas militares, que son las únicas con capacidad real para contener a estos grupos armados.

No son las alcaldías ni las gobernaciones las que tienen el control del orden público, es el gobierno nacional el que ha frenado la respuesta institucional al reducir el presupuesto de seguridad y poner a la Fuerza Pública a la defensiva, cuando debería ser la primera línea de protección de la ciudadanía.

Colombia es hoy el quinto país con más desplazamiento forzado interno en el mundo. ¿Quién responde por estas personas, por los campesinos, por las familias indígenas y afrodescendientes que viven cercadas por la violencia?

El Estado no puede continuar dándole la espalda a las regiones. Las decisiones equivocadas de Bogotá tienen consecuencias reales y dolorosas en el territorio.

Persistir en una política de “paz” que fortalece a los violentos y debilita a las instituciones es condenar al suroccidente a un conflicto perpetuo.

Colombia necesita un gobierno que mire de frente la realidad y actúe con decisión para proteger a su gente, no a los criminales.

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