El país no puede estar gobernado por un grupo en disputa.
Grietas que no se pueden tapar con silencio
La reciente filtración de nuevos audios entre la canciller, Laura Sarabia, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, no puede verse como una simple riña política ni una pelea personal.
El choque entre dos funcionarios con tanto poder y tan cercanos al presidente Gustavo Petro es el reflejo de un gobierno atrapado en sus propias fracturas, incapaz de resolver los conflictos internos sin arrastrar al Estado en el proceso.
Lo que comenzó como un escándalo por interceptaciones ilegales en 2023, y que llevó a ambos funcionarios a salir de sus cargos temporalmente, terminó en su reingreso a posiciones estratégicas sin que se explicara el porqué, sumiendo al gobierno del presidente Gustavo Petro en una incoherencia que cada vez es mayor.
En medio de todo esto, resulta inaceptable e incomprensible que el presidente Petro siga guardando silencio, pues la falta de reacción deja la sensación de que no hay control ni límites dentro del gobierno y alimenta las dudas sobre las verdaderas razones del mandatario para mantener a ambos funcionarios en sus cargos.
Un gobierno no puede convivir con amenazas cruzadas entre sus altos funcionarios. Tampoco puede mantenerse al margen cuando estos mismos actores sugieren que la justicia puede ser manipulada.
Lo más preocupante es que estos episodios ya no sorprenden. La ciudadanía parece haberse resignado a que las crisis internas sean parte del día a día del gobierno, como si fueran normales en la conducción del Estado.
Esta naturalización del escándalo y la confrontación constante es corrosiva: erosiona la confianza pública, debilita el ejercicio institucional y genera un ambiente de inestabilidad que dificulta la gobernabilidad.
Un país no puede avanzar cuando sus funcionarios más visibles están más ocupados en protegerse entre sí o atacarse que en resolver los problemas urgentes de la nación.