Es necesario que haya garantías de que la ley agraria no violará el derecho a la propiedad privada
Cuidado con la expropiación exprés
El proyecto de ley de jurisdicción agraria propuesto por el gobierno del presidente Gustavo Petro suscita una profunda preocupación.
En principio, la intención de este proyecto es abordar las desigualdades en la distribución de tierras y fortalecer la justicia agraria.
Sin embargo, al examinarlo detenidamente, surgen serios riesgos que podrían tener un impacto negativo sobre la propiedad privada y el orden legal en Colombia.
Uno de los aspectos más inquietantes de esta propuesta es la posibilidad de que, bajo el pretexto de “utilidad social”, se establezca una figura de expropiación exprés.
La expropiación exprés permite la transferencia de propiedad sin el debido proceso judicial, lo cual contraviene el principio fundamental de la protección de la propiedad privada.
Aunque el gobierno afirma que no se permitirá la expropiación exprés, es imperativo que esta garantía quede claramente estipulada en la ley para evitar interpretaciones arbitrarias y posibles abusos.
La ex ministra de Agricultura, Cecilia López, que salió precisamente del gobierno por manifestar sus reparos sobre este tema, alertó sobre la ambigüedad del término “utilidad social”, el riesgo de “venta forzada” y la posibilidad de cambios en los procedimientos judiciales.
Además, la senadora Paloma Valencia planteó una crítica fundamental: el riesgo de que esta ley legalice la invasión de tierras.
Según ella, el proyecto podría permitir que invasores ocupen terrenos y, mediante la realización de actividades productivas mínimas, obtengan una protección legal que les permita mantenerse en el lugar, debilitando así los derechos de los propietarios legítimos.
Esta situación exige un debate riguroso y transparente en el Congreso. La legislación debe ser clara en su propósito y respetar los derechos de todos los ciudadanos, garantizando que no se convierta en una herramienta de expropiación exprés o de legalización de invasiones.
Solo así se podrá asegurar que la reforma agraria cumpla con su objetivo sin comprometer los principios fundamentales de justicia y propiedad.